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Juan Pichel


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  • 03
    Febrero
    2017

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    SOCIEDAD

    JUSTICIA MATERIAL

    1) En el proceso civil se puede crear un procedimiento en el que las partes que litigan tengan que acudir en primer lugar ante un Tribunal de primera instancia compuesto por abogados y procuradores especializados en una determinada materia. En esta primera instancia no se permitiría la actuación de abogados de las partes y ese Tribunal especializado realizaría una instrucción civil y su sentencia no tendría que ser dictada sólo con pruebas propuestas y practicadas por las partes. Con este procedimiento se obtendría una sentencia entre 45 y 60 días desde que se inició el litigio.  La sentencia se podría ejecutar y la justicia estaría realizada en poco tiempo. En España, en las salas de vistas de los juzgados y tribunales se podrían celebrar juicios todas las tardes ante tribunales de jueces privados especializados, sin necesidad de funcionarios judiciales porque en la grabación en DVD quedarían reflejadas las declaraciones de las partes, testigos, peritos, etc. En la segunda instancia, la parte disconforme con la sentencia puede plantear un recurso de apelación amplio en el que el Tribunal de apelación tenga plenos poderes para enjuiciar el objeto del litigio, como si se hiciera por primera vez. Se permitiría en la apelación la práctica de toda clase de pruebas, sin ninguna clase de límites, pudiendo  el Tribunal de apelación configurar su propio material instructorio. El recurso de apelación tendría que interponerse con la intervención obligatoria de abogados y procuradores elegidos por las partes. 

    Expongo a continuación unos hechos y sentencias que se incluyen en la Sentencia del Tribunal Supremo de 3/11/1993 (se aplicó la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ya derogada). Los hechos por los que se pide una indemnización es la muerte en accidente de circulación del hijo de los demandantes. El Fundamento de la sentencia recurrida señala que "lo que no puede hacer el demandante es reclamar por culpa extracontractual partiendo de un hecho causal perfectamente conocido -en este caso la muerte de un hijo acaecida en accidente de tráfico- sin que conste que exista incógnita alguna sobre los baremos en que puede apoyarse para pedir el resarcimiento y, a pesar de disponer de los datos precisos, no fijar la cantidad o, al menos, las bases para su liquidación si no fuera posible concretarla (...) Ello impide que la sentencia sea congruente, puesto que la congruencia, entre otros límites, obliga al juez a ceñirse a lo solicitado en la magnitud con que se pide, y en el presente caso la demanda no marca límite máximo, ni numérico ni traducido en bases vinculantes para la fase de ejecución". El Tribunal Supremo indica en su sentencia que "en primer lugar, el art.922 LEC señala para tales supuestos una solución que no es precisamente la mantenida en la sentencia (...) y es ahí precisamente, en lo que al seguimiento de dichas reglas procesales se refiere, donde se advierte su inobservancia tanto en primera instancia como en la fase de apelación (...) El no haber señalado en la demanda al menos el límite máximo del quantum indemnizatorio no puede constituir defecto procesal insubsanable (...) la Sala "a quo" al advertir la situación expuesta pudo perfectamente optar, bien entre hacer uso de lo dispuesto en los arts. 928 y ss. para la determinación en ejecución de sentencia del quantum indemnizatorio; bien acordar devolver los autos al Juzgado para subsanar la omisión en lugar de estimar la excepción alegada y pronunciar un fallo que por ser de absolución en la instancia obliga a las partes a iniciar un nuevo proceso, con el retraso y cargas económicas que ello lleva consigo".

    1) El accidente de circulación con resultado de muerte del hijo de los demandantes ocurrió en 1987 y la sentencia del Tribunal Supremo es de 1993. Pasaron 6 años.

    2) Los padres del fallecido piden una indemnización. El Tribunal de apelación dice que no tienen derecho a la indemnización porque los padres no dijeron la cantidad que querían obtener.

    3) Siguiendo las reglas procesales de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, en vigor en esa época, el Tribunal Supremo señala que tanto los órganos judiciales de primera y segunda instancia como la propia parte demandada no tuvieron en cuenta el art.693 LEC y que el hecho de no haberse señalado en la demanda el importe máximo a reclamar no puede servir de causa de invalidez del proceso.

    4) El proceso civil no debe entenderse como un pugilato entre las partes, en el caso expuesto un pugilato entre los padres del fallecido y la compañía de seguros. El proceso civil debe servir para obtener toda la justicia que merece la parte que la reclama. Por ello, el tribunal de primera instancia debe ser director (comprometido con la rápida y justa resolución del litigio). El Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno del Poder Judicial en España), en su informe al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil señaló que "el papel que se propugna idóneo para el Juez en el proceso: nunca el de mero espectador sino, el director e impulsor, con iniciativa propia, a partir del marco procesal delimitado por las partes.

    5) Por tanto, el Juez debe prestar una justicia material.

    6) Si un diabético acude a un oculista y le dice que tiene visión borrosa, el oculista no se conforma con lo que le dice el paciente diabético y, además de la agudeza visual, el oculista le examinará de tensión ocular, retinopatía, mácula, etc.

    7) El procedimiento del proceso civil debe servir para que a la parte reclamante se le dé toda la justicia que merece y el Juez debe poder proponer de oficio medios de prueba pertinentes.

    8) En el caso anteriormente expuesto de accidente de circulación con resultado de muerte, se necesitaron 6 años para que el Tribunal Supremo se pronunciara, 6 años sin que los padres del fallecido pudieran cobrar la indemnización.

    9) El Estado Social de Derecho debe tener como objetivo alcanzar la justicia material.

     

     

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