Cuando ya está cerca de cumplirse un año de la tragedia de Angrois, la negativa a prestar declaración por parte de los once imputados del Adif ante el juez Aláez, junto con el relevo de éste último por un nuevo magistrado, nos hacen pensar que la instrucción además de continuar ralentizándose, pueda cambiar de sentido. Al menos nos consuela aquel adagio que dice que la justicia debe ser lenta, porque si es rápida, se convierte en injusticia. Lamentablemente, siguen sin respuesta muchas de las preguntas acerca de la seguridad del tramo en el que perecieron setenta y nueve vidas humanas. Casi todos los informes de los peritos coinciden en que, de haberse instalado el sistema ERTMS, se hubiese evitado la tragedia. Solamente el ingeniero que representa al administrador ferroviario sostiene, era de esperar, que las medidas de seguridad eran suficientes, cumplen la normativa y por tanto, el conductor es el único responsable. Solo encuentro la negligencia política como fundamento, para defender esta absurda tesis como única causa de la catástrofe. Nadie puede creer que la seguridad de las personas que viajan en un tren de alta velocidad pueda depender únicamente de sus maquinistas. Confiemos en las palabras del presidente del TSXG y que el juez Lago, que ahora instruye el caso, sea capaz de desenmascarar a los máximos responsables y la instrucción conserve sus latidos, porque los de las víctimas dejaron de escucharse en Angrois.

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