Bien sea a través de la televisión o de manera presencial, en ocasiones tenemos conocimiento de alguna edificación que, debido a defectos en la cimentación o a otras anomalías técnicas, sufre deterioros en su estructura y/o paredes que dan lugar a intervenciones de carácter correctivo y, en el peor de los casos, al derrumbe controlado de la misma. En el terreno de la política, es obvio que existe cierta inclinación a levantar construcciones legislativas sobre firmes parlamentarios cuya estabilidad se ve comprometida a corto plazo (tal como sucede en materia educativa), leyes que presentan pronunciadas fisuras políticas y escasa capacidad aglutinadora, disposiciones modificadas en profundidad o derogadas en su totalidad antes de lo previsto, es decir, tras cambiar el reparto de votos en las urnas. Y, ante los pronósticos de las encuestas y lo prometido por buena parte de las formaciones políticas más representativas de cara a las próximas elecciones generales, en la legislatura que viene podrían llevarse a cabo reformas y demoliciones de calado. Con frecuencia se alude y escucha pronunciar el término sentido de Estado, pero hablar es gratis y, hasta el momento, parece que los fraudes y las decepciones electorales no han restado lo suficiente como para tomar nota.

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