Hace unos días escuché en la radio a un ciudadano de origen marroquí que, cumplidos los dieciséis años de residencia en España, ha tomado la decisión de iniciar el proceso previsto para obtener la nacionalidad española, habiéndose presentado recientemente al nuevo test compuesto por veinticinco preguntas, el cual es superado respondiendo de manera correcta a un mínimo de quince. Por otra parte, cuando la persona procede de un país donde el castellano no sea la lengua oficial, también es requisito superar un examen de idioma en el Instituto Cervantes. Y, aunque como sucede en este caso particular, se esté en posesión de una titulación superior obtenida tras años de estudio en una universidad española, esta prueba no queda convalidada. Por lo visto, hay algún aspecto de esta normativa que debería de someterse a un tratamiento de pulido a base de sentido común; cuestión que cuesta poco y contribuye a evitar trastornos, dinero y recursos innecesarios los ciudadanos y administraciones públicas. En lo referente al bolsillo, parece ser que un trámite gratuito hasta ahora, pasa a costar entre 185 y 306 euros.
