Se buscan fórmulas mágicas para superar la presente y larga crisis, que nos lleve a la creación de empleo seguro y con un salario digno, pero no son presentadas más que soluciones con escasa incidencia sobre la gran masa de trabajadores en paro u otras de altísimo coste y dudosa eficacia.

La cuestión, que tanta angustia y preocupación nos traen a diario, estriba en incorporar a la corriente de consumidores a la cada vez mayor legión de pobres y empobrecidos españoles, víctimas de maquinaciones a las que fueron ajenos. Sabido es que los pobres no consumen sino que aprovechan las migajas que dejan caer de la mesa los que todavía tienen algo, en forma de ropa usada, limosnas o comedores sociales. La pobreza ha de ser tratada como la enfermedad; una circunstancia pasajera y eventualísima. La larga permanencia en esta situación de miseria forzosa deteriora física y psíquicamente a quien la sufre que no solo dificulta, sino que imposibilita su reintegro a la vida laboral. Es una quimera el que nos hablen de crear puestos de trabajo sin consumidores, sin ventas y sin producción. Todo se hace gravitar sobre los ingresos de un inseguro turismo y del incierto éxito de futuros emprendedores con potenciales clientes sin dinero o cada vez más restringido. Con 3.456 millones de euros al año sacaríamos de la indigencia e incorporaríamos a la corriente de consumidores a 800 mil pobres españoles. Son casi un millón de personas que se procurarían su comida y vestido y, paradójicamente, darían trabajo a los demás. La citada cantidad es el resultado de asignar 1.800 euros mensuales a cada una de las 160.000 familias españolas, según la estadística oficial, con al menos tres hijos menores de veintisiete años y con ingresos inferiores a 7.500 euros anuales.

Dicha cantidad, ya lo vemos, es notablemente inferior a los seis mil millones que propone alguna formación política para dotar con 426 euros mes a los que no tienen nada, o a los quince mil millones que solicita otro partido para asignar una renta de 600 euros a los más desfavorecidos y a base de gravar a las grandes fortunas. No requiere ninguna convulsión social ni revolución con el consiguiente pánico y fuga de capitales. 3.456 millones de euros para 25 millones de contribuyentes representan 138,24 euros al año.

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