Rescate tardío

02.07.2016 | 00:56

En un breve recorrido diario por nuestra ciudad es fácil percatarse que los parques, los cajeros y los huecos de los escaparates siguen siendo el hábitat improvisado de muchas personas sin techo. En cuyo sentido tengo que decir que las calles de La Coruña albergan en estos momentos cerca de 50 casos en situación crónica-sin hogar. El Protocolo de Atención a las Personas Sin Techo, que en teoría regula estas situaciones, es un documento imprescindible en proporcionar servicios en las etapas de prevención, intervención e integración social. De acuerdo con este protocolo se trata de garantizar que las personas en situación de calle tengan sus derechos básicos a cubierto. Lo que recomienda a mi juicio habilitar con urgencia un albergue permanente con los elementos de supervivencia, atención médica y psicológica garantizados, con el objetivo de favorecer el ejercicio de las derechos humanos, bajo mínimos de igualdad.

Se trata como decía de tres etapas:

a.- Una primera fase de prevención dirigida a las personas o familias vulnerables, a quienes se les brindarán los servicios sociales encaminados a detectar los factores de riesgo.

b.- Una segunda fase de intervención orientada exclusivamente a quienes forman parte ya de las poblaciones en exclusión, con puntos de atención y asistencia social, iniciando un proceso de integración social.

c.- Una tercera etapa que corresponde al proceso de integración social propiamente dicho, devolviendo a un sistema de vida independiente a quienes viven en la calle.

Es un documento que nos permite registrar y conocer las causas para, a través de un diagnóstico, atender adecuadamente a los afectados.

No en vano en el alcance de dicho protocolo, está como decía la protección de los derechos humanos, si bien no es menos cierto que no es un instrumento vinculante. Su aplicación es discrecional dependiendo más bien de la voluntad política del momento. De modo que seguimos documentando acciones de exclusión, como la invisibilidad o la beneficencia, en detrimento de las políticas integrales que dicho protocolo protege.

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