Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que España destaca por los recortes hechos en materia educativa desde el inicio de la crisis económica, así como en el porcentaje de jóvenes que no estudian ni tienen ocupación laboral, subrayando la vinculación existente entre una educación de calidad y una financiación pública adecuada y sostenible. Pocos días antes de que los medios de comunicación se hicieran eco de los desalentadores datos dados a conocer por la OCDE, salía a la luz pública la denuncia presentada por un alumno malagueño que, con la entrada en vigor de la nueva normativa, no podrá continuar los estudios de Formación Profesional Básica por tener 21 años y diversidad funcional, cuestión que le impediría finalizar la etapa formativa emprendida y obtener un certificado de profesionalidad. ¡Qué disparate!, por un lado se introducen medidas legislativas y destinan cuantiosos recursos públicos a la eliminación de barreras arquitectónicas, a facilitar el transporte y el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad; y por otro se colocan obstáculos en el camino de la formación y el desarrollo personal. Cerrar puertas a la inquietud, la voluntad y el interés manifiesto hacia el aprendizaje, ¿proporciona beneficios sociales?
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