El antiguo criterio de que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento puede transformarse hoy en el emblema de otra vieja regla de derecho: summum ius, summa iniuria. Solo parecen nadar a favor de la corriente de la propia impunidad los políticos, responsables de tantos desaguisados. Porque son ya demasiadas las cámaras legislativas o jurisdiccionales que pueden intervenir en asuntos antes reservados al ejercicio de la libertad social.
Quizá el colmo es la resistencia a rectificar, o simplemente reconocer posibles errores, cuando afirman algo así como "si tienen pruebas, acudan a los tribunales". Como si no se produjeran hechos ciertos y notorios para los que el recurso a la administración de justicia es pura dilación: pues ya se han encargado de no facilitar humana ni jurídica ni económicamente los medios para evitar la desesperante lentitud de los procesos.
