A los demócratas venezolanos no se les ha dejado más opción que la calle. El régimen impidió la celebración del referéndum revocatorio, ha impedido la celebración de las elecciones regionales, y va a impedir la celebración de elecciones presidenciales. Los procesos de diálogo han sido utilizados con mala fe, para intentar dar alguna legitimidad a una élite opresora cada vez más vinculada con el narcotráfico. Lo sorprendente es que en España haya quien siga sin condenar este golpe de Estado permanente y creciente que se registra en Venezuela.
La situación es crítica. No se puede pedir a la oposición que abandone la calle sin garantizar elecciones realmente democráticas. Y el régimen de Maduro, especialmente aquellos sectores más radicales que condicionan las decisiones del presidente, no están dispuestos a que se celebren. La Comunidad Internacional tiene la grave responsabilidad de apoyar a los demócratas venezolanos con todas las herramientas disponibles.
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