Según un informe italiano, unos 25 millones de personas viven en situación de trabajo forzoso: 16,5 millones en Asia y el Pacífico, 3,4 en África, 3,2 millones en Europa y Asia Central, 1,3 en el continente americano y 350.000 en los países árabes.
El país con mayor porcentaje de población en auténtica esclavitud (4,3%) sería Corea del Norte. En números absolutos, la India alcanzaría 18,3 millones de esclavos.
No excluyen los fenómenos -difíciles de evaluar- de explotación de trabajadores estacionales o de la contratación ilegal, con la consiguiente evasión de impuestos y cargas sociales, sobre todo entre trabajadores agrícolas (las tres cuartas partes, extranjeros). Pero las nuevas y diversas formas de servidumbre constituyen un fenómeno global, particularmente extendido en el continente asiático.
El problema fue tratado a finales de septiembre en Nueva York, dentro de la 72ª sesión de la Asamblea general de las Naciones Unidas. Existen ya convenios y documentos internacionales contra el trabajo forzoso -presente desde tiempo inmemorial en el trabajo la OIT en Ginebra-, la trata de personas o, en fin, las esclavitudes modernas. Pero se plantea un plan de acción mundial, que inspire las políticas de los Estados miembros. No afectará a las soberanías nacionales. Pero, sin duda, estas decisiones de la ONU contribuyen, y mucho, a crear climas de opinión mundial, como ha sucedido, por ejemplo, ante el cambio climático y la conservación de la naturaleza.
En el caso del trabajo, esas tendencias de opinión afectarán además a la imagen de muchas compañías multinacionales, consolidarán el esfuerzo realizado en los últimos años por diversas ONG internacionales, y contribuirá probablemente a articular reformas legales. Así sucedió, por ejemplo, en Tailandia, en materia de maternidad subrogada, a raíz del triste caso protagonizado hace tres años por una pareja de Australia.
Desde luego, no se trata de introducir más limitaciones al libre intercambio internacional. Sí de promover o fortalecer normas y criterios que lo hagan más justo, dentro de reglas del juego comunes, vigiladas por la Organización Mundial del Comercio.
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