ANDRÉS CEPADAS
Mañana, querida Laila, el Jefe del Estado se postrará ante los pretendidos restos del Apóstol Santiago, representando a todos los españoles, para dar otra vez una especie de carta de naturaleza a un mito. Es un acto institucional de sumisión civil a lo religioso que choca con la Constitución laica o aconfesional, que los españoles hemos acordado como norma básica de nuestra convivencia. Allí el Rey expondrá los problemas de la agenda política y solicitará, pública y oficialmente, la intercesión del Apóstol Santiago para mover a Dios, que año tras año se viene resistiendo, a venir en nuestra ayuda. Hablará el Rey de la crisis, de los parados, de los que sufren esto y lo otro y, muy probablemente, de la propia unidad de España, de la que el Apóstol fue paladín, a lomos de su caballo blanco, cortando cabezas de españoles, profesos de otra religión y vasallos de otro señor, con las mismas pretensiones de exclusividad. El Arzobispo contestará, en nombre del Apóstol y de Dios mismo, sin mojarse mucho, reafirmando la verdad esencial del mito, la superioridad de lo divino sobre lo humano y, si se tercia como tantas veces se terció, reprochando con un tono admonitorio, más o menos sutil, las desviaciones del poder civil de la verdad dogmática y moral que únicamente la Iglesia, es decir los obispos, interpretan, administran y tratan de imponer a toda la sociedad. Si pueden, por la buenas y, si no, por las malas.
Me parece evidente, querida, que este tipo de ceremonias, y ésta muy en concreto, ponen en solfa la soberanía nacional, que precisamente reside en el pueblo, "del que emanan los poderes del Estado", incluido el del propio Rey, tal como consagra la Constitución. En consecuencia, la participación del Estado en estos ritos hace tiempo que debiera haber sido abolida porque genera gran confusión y causa daño al ejercicio de la democracia, además de no servir para nada en lo que toca a los intereses objetivos de la mayoría de la sociedad civil. Es verdad que estas cosas están ahí arrastradas por la inercia de viejas tradiciones heredadas del antiguo régimen, donde el origen del poder político estaba en Dios y no en el pueblo. Desde este punto de vista, la conservación de estos ritos conviene a los nostálgicos y, sobre todo, a la jerarquía católica que sigue defendiendo la supremacía del poder espiritual, que ellos representan y administran, sobre el poder civil, que históricamente se les desmandó y hacen lo que pueden por recuperar y subyugar. También ayuda, en el caso español, el que la forma política del Estado sea una monarquía que, por muy parlamentaria que sea, tiene su origen en la herencia de sangre y esto siempre es confuso y contradictorio con una democracia plena donde siempre es la sociedad la que elige y depone a todos sus gobernantes.
Es cierto también que, de momento, una parte de la sociedad española y la opinión pública toleran bien estos anacronismos y contradicciones porque los ve como reductos tradicionales, más folclóricos que otra cosa, los siente poco molestos y cree, a mi juicio erróneamente, que apenas son perjudiciales e inciden poco en la vida diaria concreta. Esta tolerancia es aprovechada por los nostálgicos, los más conservadores y la jerarquía católica para mantener estos ritos, que refuerzan sus posiciones, les otorgan poder y representación pública, les facilita la propagación de sus idearios y los utilizan como rescoldos de un poder perdido que tratan siempre de reavivar.
Si nuestra Constitución es laica o aconfesional, como lo es, poner a las instituciones públicas como tales a los pies del Apóstol es, querida, un fraude a la democracia y una dejación de la dignidad civil que pagaremos caro.
Un beso.
Andrés