-Vino al mundo en el momento justo, dice.

-Porque no viví la dictadura ni la II Guerra Mundial y vi nacer la democracia. Y soy un privilegiado porque he podido contribuir a hacer algo mejor el mundo.

-¿Lo de ahora no es la guerra por otros medios?

-Vivimos una época difícil, de retroceso de derechos humanos. Tanto España, como Italia, Grecia, Portugal, Irlanda... pero no es una crisis económica universal. Es muy probable que de un año para otro, unos 50 millones de personas acaben en el desempleo, según la OIT, lo cual es una crisis importante de derechos. En salud, el retroceso es de diez años en España.

-Sanidad, educación, vivienda... ¿son derechos humanos?

-Son tan derechos humanos como no ser detenido arbitrariamente y ni sometido a torturas pero la mayoría de los gobiernos los consideran políticas sociales que recortan o aumentan en función de la situación. Hay que verlos como derechos humanos, que es lo que son desde 1948. Por tanto, no hay recortes, hay violación de derechos humanos.

-Han obligado a la gente a comprar casas y ahora se quedan sin ellas por no poder pagarlas.

-Hay dos tipos de violación de derechos humanos en el ámbito de la vivienda: el desalojo forzoso cuando el Estado u otra Administración derriba tu vivienda y los desahucios por impago. Uno y otro parten de que en España la vivienda se considera un bien de consumo y no un derecho humano, y por tanto el ciudadano no tiene protección legal, está indefenso y lo único que puede reclamar a un juez es que alivie las deudas pero no que defienda su derecho a una vivienda. La legislación hipotecaria es del siglo XIX, cuando no existía el concepto de derechos humanos y el Tribunal Constitucional nunca admitió un recurso de amparo por el derecho a una vivienda digna en más de 35 años de democracia. A largo plazo, o se pone la vivienda en el núcleo de los derechos fundamentales o se hace una ley específica del derecho a una vivienda digna, como en Francia.

-¿El decreto antideshaucios de Andalucía es un parche?

-Lo importante es que entendamos que la vivienda es un derecho humano, que nadie puede quedarse sin techo ni ser desalojado por la fuerza de su casa sin alojamiento alternativo. Necesitamos como mínimo el nivel de protección de Alemania, donde el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación están recogidos en el núcleo de derechos fundamentales.

-¿Son intocables?

-Se violan, pero el ciudadano puede reclamar a un juez. En España, solo tiene esa consideración la educación. El fallo del Tribunal Europeo que facilitará renegociar deudas hipotecarias, también la ignora. Hay que cambiar de orientación para que la vivienda sea un derecho humano y tenga protección legal como en Francia o Alemania.

-Cospedal ha dicho que el escrache es de nazis.

-Amnistía está muy preocupada por la estigmatización de la plataforma de afectados por las hipotecas y enviará a la vicepresidenta del Gobierno una carta para decirle que deben cesar estos ataques a los movimientos sociales. No se puede descalificar a un movimiento pacífico. Llamarlo filoetarra, como lo ha hecho un presidente de comunidad autónoma, o tildarlos de prácticas nazis son un intento de estigmatizar un movimiento civil con una reclamación legítima. Son defensores de derechos humanos, defienden el derecho a una vivienda digna, y descalificarlos atenta contra la declaración de la ONU de protección de derechos humanos, que España ratificó. Si hay algún acto ilegal, que lo denuncien al juez, pero no pueden estigmatizar a todo un movimiento social insultándolo.

-Millones de personas sufren riesgo de exclusión social.

-Violación de derechos humanos, ¿qué es exclusión social? Si hablas de violación de derechos, el Estado es el responsable; si hablas de exclusión, nadie sabe quién es responsable. Cuando el Estado no usa la mayor parte de los recursos a garantizar el derecho a la salud, la educación y la vivienda y no evalúa el impacto de estas medidas sobre la población es violación de derechos humanos.

-¿Hay tortura en España?

-Hay torturas y malos tratos. Ha habido sentencias judiciales de torturas o malos tratos a miembros de ETA o del Grapo, y sentencias del Tribunal de Derechos Humanos europeo condenando a España por no investigar. Hay malos tratos de componente racista cuando se pide la documentación a inmigrantes o se hacen redadas. Y hay malos tratos en las manifestaciones de los últimos dos años, en las que policías no identificados hacen un uso excesivo de la fuerza.