Secretario general de la Fundación Ortega y Gasset, el abogado Jesús Sánchez Lambás ha sido uno de los promotores en España, junto a Garrigues Walker, de la ONG Transparencia Internacional España, dedicada a la lucha contra la corrupción. Además, es el abogado de confianza de la infanta Elena, a la que asesoró en su proceso de separación de Jaime Marichalar.

-¿Ha tenido que llegar la crisis para que en España se empezara a hablar de transparencia?

-En España sí, efectivamente, la transparencia empezó a llegar en 2008 y 2009. No creo que haya una correlación entre la crisis y la exigencia de transparencia pero es cierto que con la crisis las reivindicaciones ciudadanas se han hecho más dolorosas.

-¿Sirven de algo las leyes de transparencia o son simple maquillaje?

-Muchos políticos las hacen por maquillaje, pero abren una puerta que no tiene vuelta atrás. Basta con recordar lo que pasó con la ley sobre violencia de género; la gente dijo que era maquillaje pero hoy las denuncias de violencia de género tienen una importancia radical en las comisarías. La información que se declare ahora de acceso público, no la van a poder cerrar en el futuro. Es el triunfo del individuo frente al aparato del Estado.

-¿Urge recortar el número de cargos aforados?

-No creo que urja. Como principio democrático, cuantos menos aforamientos haya mejor. Pero el mayor número de aforados en este país es de jueces y fiscales, los guardianes. Aquí hay un problema de encaje constitucional: quien hace las leyes quiere quitar los aforamientos al otro poder del Estado. Desde el punto de vista de la calidad de la democracia me parece más importante conocer las agendas del ministro, de los secretarios de Estado y los subsecretarios cuando, por ejemplo, se tramita un proyecto de ley. Los aforados, por regla general, salen perjudicados. Tienen menos posibilidad de recurso.

-¿Entonces, no es partidario de retirar el aforamiento a jueces y fiscales?

-Alguna protección deben tener los fiscales y jueces para que no sean peleles y puedan cumplir su trabajo con una cierta protección. También los diputados, que destapan escándalos, deben tener cobertura. En cierto modo, el secreto profesional que tienen los periodistas también es una especie de aforamiento, un privilegio imprescindible para la calidad de la democracia.

-¿Qué pasa en los países de nuestro entorno? ¿Hay en España muchos más aforados?

-No, el nivel es muy parecido. Los parlamentarios europeos tienen protección aunque algunos países matizan que esa cobertura solo debe darse cuando están en el ejercicio de sus funciones. Es bueno que los políticos tengan una protección; aquí hemos visto gente que la fusilaban y la metían en la cárcel por sus ideas. No es algo tan lejano.

-¿Un político debe dar cuenta de los bienes y patrimonio de su cónyuge o hijos? ¿Dónde está el límite?

-Ahora debe irse por el camino de hacer un esfuerzo de acceso a la información, ya habrá tiempo de atemperar la tendencia. Es una broma que el sistema sea opaco y que en la declaración se ponga el valor catastral de un piso. Hay que dar una imagen fiel y real. Es bueno que se conozcan los bienes y el patrimonio de quienes tengan una relación y una vinculación con un político.

-¿Qué tratamiento judicial debe tener el rey Juan Carlos tras perder la inviolabilidad?

-Le confieso mi poca objetividad en esta materia. Nadie ha hecho lo que hizo el rey Juan Carlos, que recibió del franquismo todo el poder del Estado y se lo entregó a los ciudadanos, al pueblo español. Y que ahora con casi 80 años le pueda citar a declarar el juez de Bollullos Par del Condado o el juez de Avilés le pueda abrir una causa penal, ¿tiene algún sentido? En una idea del sistema anglosajón hay que respetar las instituciones. Merece no un aforamiento, sino un respeto institucional porque imputar al Rey perjudicaría la imagen de España. Sería una desestabilización del sistema.

-¿Y habría que darle cobertura ante una demanda de paternidad?

-Yo comprendería cualquier derecho de tipo civil. Pero alguna limitación debe haber. ¿Cuántas demandas de paternidad ha tenido, por ejemplo, Julio Iglesias? ¿Se puede hacer una prueba biológica cada vez que alguien le pide una paternidad? Para quien tenga pruebas y las lleve el procedimiento es el mismo. Lo único que cambia es que te juzga la cúpula del Poder Judicial, que no está nombrada por el Rey. La mayor diferencia es que cuando haya sentencia no podrá recurrirla. Como abogado he aconsejado a mis clientes que renuncien al aforamiento.

-¿Qué opinión le merece la actuación del juez Castro con la imputación de la infanta Cristina?

-Me ofrece algunas dudas. ¿Si en vez de la infanta Cristina fuera otra persona, habría sido igual la instrucción? En el 98% de los casos, se establece la eximente del cónyuge y aquí, qué intensidad de fuego contra esta persona. Me asaltan dudas. Los privilegios a veces se convierten en una carga.

-¿El Tribunal de Cuentas es mejorable?

-Funciona bien pero no tiene un buen marco. La norma con la que se regula no es eficiente, no tiene la autonomía suficiente de los partidos y de las administraciones a los que debe evaluar. Le falta distancia y autonomía. Se ha quedado anquilosado. Necesita una modernización. Empieza ahora a revisar las cuentas de 2008, ¿en qué mundo vivimos?