Las autoridades francesas incautaron el pasado viernes un cuadro del pintor Pablo Picasso valorado en 26,2 millones de euros, que pertenece al expresidente de Bankinter Jaime Botín. El lienzo iba camino de Suiza pese a que la Audiencia Nacional había prohibido con anterioridad al banquero sacarlo de España, cuando Botín lo intentó.

Los agentes de aduanas de la brigada de Calvi (Córcega) se alarmaron a causa de "un intento de exportación a Suiza" desde la oficina de fronteras de Bastia, según un comunicado de la Dirección General de Aduanas españolas. A continuación, abordaron el barco que transportaba la pintura, atracado en el puerto deportivo de Calvi.

Aduanas informó de que los aduaneros solicitaron la documentación del cuadro pero el capitán del barco solo pudo presentarles un documento de evaluación de la obra y una copia del dictamen de la Audiencia Nacional, fechada en mayo de 2015, que "confirmaba que se trataba de un Bien de Interés Cultural que en ningún caso podía salir de España".

Ahora, las autoridades francesas esperan indicaciones de las españolas sobre qué hacer con la pintura. En el caso de que se considere que el intento de exportación es un caso de tráfico ilícito de bienes, el cuadro del pintor malagueño pasaría a ser propiedad del Estado, tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñígo Méndez de Vigo, afirmó ayer durante la presentación de la parte de los Presupuestos Generales del Estado dedicada a cultura que su departamento se mantiene "en contacto" con miembros de la Guardia Civil, "atento a lo que suceda" con el lienzo. "Me alegro de que una pieza de esas características, declarada inexportable, vuelva a España", añadió el ministro.

La Guardia Civil, y en concreto su Unidad Central Operativa (UCO), llevaba detrás de la pista del cuadro desde el pasado mayo. Jaime Botín, hermano menor del fallecido banquero Emilio Botín, ya había intentado sacar antes de España el cuadro, que pertenece al periodo de Gósol de Picasso (1906). Mediante una petición que presentó el 5 de diciembre de 2012 a la Secretaría de Estado de Cultura, Botín autorizaba a la célebre casa de subastas británica Christie's para que trasladara la pintura a Londres.

Sin embargo, unos días después, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español denegó el permiso, argumentando que no existía "una obra semejante en territorio español" y que se trata de una de las pocas pinturas de una etapa en la que Picasso "se ve claramente influenciado por la plástica del arte ibérico" y en la que su trabajo influyó "decisivamente, no solo en el cubismo sino también en la evolución posterior de la pintura del siglo XX". Con estas valoraciones, el director general de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas dictó una resolución el 19 de diciembre de 2012 en la que denegaba "el permiso de exportación definitiva" del cuadro.

Dos días después, Botín presentó un recurso ante la Audiencia Nacional en el que alegaba que el cuadro no era de su propiedad, sino de una compañía denominada Euroshipping Charter Company Limited. La entidad aseguraba que el barco no estaba en territorio español por encontrarse en un velero de pabellón británico atracado en el Real Club Náutico de Valencia. En la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirmó la prohibición de salida del cuadro.

En relación con la propiedad real del cuadro, la resolución establecía que los documentos aportados por Botín únicamente demostraban la "cesión" a la compañía de la obra, pero no así su "propiedad", al mismo tiempo que ponía en duda la versión del banquero, que alegó un supuesto error de la casa de subastas. Los magistrados descartaron esta posibilidad por la "profesionalidad" de Christie's en "este tipo de actividades de exportación".

Sobre la ubicación del famoso e importante cuadro, la Sala señalaba que su localización en un buque ubicado "en un puerto español" en la fecha de solicitud de la exportación de la obra determinaba la competencias de las autoridades culturales españolas.