Miguel Rodríguez Blanco es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Alcalá de Henares, donde fue durante cuatro años secretario general. Hace un año y medio recibió el premio de investigación Julián Marías, que entrega la Comunidad de Madrid, por su participación en once proyectos, en cinco de ellos como investigador principal, y sus 138 publicaciones (desde entonces ha sumado varias más) sobre Derecho Eclesiástico del Estado. Se declara "creyente, muy poco practicante".

-¿Qué es el Derecho Eclesiástico del Estado?

-Una disciplina sobre las normas del Estado en relación con el factor social religioso. Estudia, por ejemplo, las relaciones Iglesia-Estado, el derecho a la libertad religiosa o el derecho matrimonial. Doy clases a estudiantes de la carrera y de posgrado de Derecho, también de posgrados de Derechos Humanos y también a estudiantes del doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Es una asignatura neutral, que toma como base la Constitución y en la que las ideas personales y las ideologías han de quedar al margen.

-¿Cómo están en la actualidad las relaciones Iglesia-Estado en España?

-Muy bien. El actual concordato se firmó el 3 de enero de 1979, así que suma 36 años de vigencia y no está en absoluto cuestionado. El Tribunal Constitucional lo declaró compatible con la Constitución y no es previsible que se reforme a corto plazo.

-Salvo que Podemos alcance el poder en las elecciones generales de noviembre...

-Sí, entonces quizá sí se reforme. El modelo español se basa en los acuerdos alcanzados con las principales confesiones religiosas: evangélicos, judíos, católicos y musulmanes. Así que reformar el concordato implicaría reconsiderar los acuerdos con todas las confesiones, no solo con la Iglesia católica. El concordato no es un vestigio del pasado. Acuerdos similares al de España hay en Italia, del año 1929 y modificado en 1984. Y casi todos los países de la Europa del Este, tras la caída del Muro de Berlín, cerraron acuerdos con la Santa Sede inspirados en el modelo español. La ley española de libertad religiosa de 1980 ha sido un paradigma en esa zona de Europa. El anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habló de reformar la ley para adaptarla a la laicidad, pero el proyecto se abandonó. El modelo español se utilizó mucho como texto paradigmático en Europa del Este y Latinoamérica, porque es estable y permite manifestarse a los seguidores de todos los cultos, aunque respeta el peso histórico de la Iglesia católica, que es evidente.

-¿Es justo que el Estado español apoye económicamente a la Iglesia católica?

-Todos los países de Europa apoyan económicamente a los grupos religiosos, incluso Francia, pese a que sus normas lo prohíben. La religión es un hecho presente en la sociedad y los estados sociales y democráticos apoyan todo tipo de iniciativas públicas y privadas si tienen relevancia social. Un ejemplo: se promociona la ópera, pese a que no a todo el mundo le gusta. Denunciar los acuerdos con la Santa Sede es legítimo, pero tiene que estar prevista la alternativa, porque en caso contrario quedarían muchas incógnitas en el aire: ¿habrá clase de religión en los colegios?, ¿tendrán que irse al paro los profesores de Religión?, ¿se eliminaría la asignatura de Religión sin tener en cuenta la opinión del cincuenta por ciento de los padres que la eligen para sus hijos? Si se defiende la democracia directa o participativa habrá que preguntarles a todos los afectados.

-¿Debe la Iglesia pagar el IBI, como reclaman la mayoría de los partidos de izquierda?

-La Iglesia católica y otras religiones no pagan el IBI sobre la base de la ley de mecenazgo de 2002, que excluye del pago a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro cuyos fines sean de interés general. Ninguna fundación paga el IBI, y tampoco las asociaciones de utilidad pública. ¿Por qué debería hacerlo la Iglesia? ¿En un sistema neutral de no discriminación por razones de religión, puede justificarse que la Iglesia pague el IBI y otras fundaciones no? ¿Cáritas, que atiende por ejemplo a drogodependientes, debe pagar el IBI y otras asociaciones no? Como se ve, el debate no es tan simple. En un debate serio deben utilizarse razones jurídicas. Otra cosa son los debates de chigre.

-¿Tiene un trato excesivamente favorable la Iglesia católica en España?

-En Francia, paradigma de la aconfesionalidad y la laicidad, hay capellanes pagados por el Estado en los hospitales, en los cuarteles militares... e incluso en los institutos de Secundaria, algo que en España se eliminó en 1980. España ha vivido un proceso de secularización muy grande y, a partir de 1978, se ha apostado por la libertad religiosa y porque cada cual crea o no crea lo que estime oportuno. Hasta los cementerios dejaron de ser católicos en 1978 y pasaron a ser un servicio público, derribándose los muros que separaban las zonas civiles. Así, dejaron de ser bienes demaniales, y pasaron a ser neutrales, y en ellos pueden enterrarse los creyentes, los agnósticos o los ateos. Son avances muy significativos.

-¿Cómo valora las fuertes críticas que recibe la Iglesia católica desde algunos sectores de la sociedad?

-Cuanto más fuerte es la pasión política, más débil es el derecho. Pasa lo mismo con el fútbol: es muy difícil una aproximación neutral si se es forofo. Muchas veces uno ya viene con el veredicto. Así, se oyen frases del tipo: 'hay que acabar con los privilegios de la Iglesia?'. Y yo pregunto: ¿cuáles son esos privilegios? Es complicado argumentar frente a alguien que llega con las conclusiones de antemano. La juventud actual está muy distanciada de las instituciones religiosas, porque la espiritualidad se vive de un modo mucho más individual.