"Un niño no podrá quedar en custodia de su padre si este ha matado a su madre"

-Que es algo que había que hacer para proteger al menor. No tenía sentido que una persona que había abusado de niños en una comunidad autónoma pudiese continuar haciéndolo mudando su residencia a otra ciudad porque situaciones de este tipo se han dado. No hay que olvidar que los niños son ciudadanos de una especial vulnerabilidad.

-¿No vulnera el derecho a la intimidad de las personas o su presunta rehabilitación tras cumplir una condena?

-Adoptar estas medidas de prevención no vulnera la intimidad de nadie. El solicitante de un empleo en estrecho contacto con niños simplemente debe certificar que no tiene antecedentes de abusos sexuales. El certificado lo pedirá él y así no se vulnera la intimidad de nadie. En caso de que sea la Administración la que lo solicite, deberá contar antes con el consentimiento del solicitante de empleo. Y con respecto a la rehabilitación, soy de la opinión de que un abusador no debe volver a trabajar nunca con niños.

-¿A qué colectivos afecta?

-A los maestros, monitores deportivos, de ocio y de tiempo libre, al personal sanitario con contacto habitual con menores...

-¿Tendrán que acreditarlo los conductores de transporte escolares, por ejemplo?

-Eso me parecería exagerado.

-¿Se está cumpliendo ya con esta exigencia en todo el país?

-Sí, pero creo que el registro unificado de delitos sexuales está colapsado por la avalancha de solicitudes.

-¿Qué otros cambios se han hecho en la ley de protección a la infancia?

-Otras modificaciones muy importantes como la del artículo 2 que establece el interés superior del niño sobre otras consideraciones y fija unos criterios para determinar este interés superior teniendo en cuenta que todos los niños son diferentes, esto es, que no se convierta en un concepto discrecional. También se ha modificado el artículo 9 que hace referencia al derecho del niño a ser escuchado en cualquier decisión que le concierna.

-¿En qué sentido?

-Antes se le escuchaba a partir de los doce o los dieciséis años y ahora se establece que debe ser escuchado siempre, en cualquier decisión. Y ser informado de ella. Hay que tener en cuenta que un simple dibujo puede ser una forma de expresión. Está claro que en función de su edad y madurez se tendrá en cuenta su opinión en mayor o menor grado.

-¿Más modificaciones?

-Sí, ha habido grandes cambios en los mecanismos de protección. Ahora se tiene que primar por ley las soluciones familiares frente a las institucionales. Los niños menores de tres años con problemas con su familia biológica nunca deben ir a una institución sino a una familia de acogida. Y esto es de aplicación inmediata. De la misma manera, las administraciones deben poner todos los medios necesarios para evitar que los menores de entre tres y seis años acaben en una institución.

-¿De qué manera?

-Incentivando a las familias de acogida dándoles formación, ayudas económicas... El objetivo es sacar de las instituciones a todos los niños de cero a seis años en un plazo muy breve. Se puede demandar a las administraciones autonómicas que no lo cumplan y si estas no cuentan con recursos suficientes, los menores deberán ser llevados a otras comunidades que sí dispongan de ellos.

-¿Hay otras medidas para sacar a los menores de las instituciones?

-La ley también establece que las familias de acogida deben ser consultadas sobre cualquier decisión que afecte a los niños. Un menor puede estar en una familia de acogida un plazo máximo de dos años pero ahora se abre la posibilidad de una acogida definitiva cuando la familia biológica no acceda a la adopción. Y también a una adopción abierta en la que sus familiares podrían visitarlo siempre y cuando sea en su interés, no le perjudique y facilite que sus padres biológicos accedan previamente a esta solución ya definitiva.

-¿Qué otras cosas cambiarán con la modificación legal?

-Que el niño que viva en una familia víctima de violencia de género también será considerado como una víctima a la hora de recibir ayudas o para evitar, como ya ha sucedido, que no quede bajo la custodia de un padre que ha matado a su madre.

-Hace unas semanas, en la diputación permanente del Congreso se entregaron 305.000 firmas de una iniciativa popular para que los abusos sexuales a menores no prescriban. ¿Está de acuerdo con esta iniciativa?

-No tengo un criterio claro en este asunto. Hay que tener en cuenta que ahora el plazo de prescripción empieza a contar desde la mayoría de edad del menor. Si se da un plazo indefinido va a ser muy difícil probar unos hechos ocurridos hace tanto tiempo. Se hunden muchas vidas sin las suficientes pruebas y yo soy un firme defensor de los derechos de la defensa.

-¿Qué propone entonces?

-Hay que buscar el equilibrio. Tampoco se debe hacer declarar diez veces a un niño sobre los abusos y quedarse con la undécima declaración, en la que dice que se ha inventado todo cansado de revivir constantemente el abuso. Hay que evitar la revictimización del niño, tomarle un único testimonio bien fundado y no dudar de él porque sea un niño. Es más fácil que mienta un adulto a que lo haga un niño.

-¿Qué le parece la situación de los hijos de los refugiados sirios que llaman inútilmente a las puertas de Europa?

-Que es una situación absolutamente indignante, vergonzosa y todos los calificativos que quieras ponerle. La actitud de la UE es una clara violación de los derechos de las personas que se vuelve más grave en el caso de los niños. Incluso se podrían reclamar responsabilidades penales a los dirigentes que han tomado estas medidas. El derecho internacional obliga a dar asilo a las personas que huyen de países en los que su vida corre peligro. Y es sangrante que el 90% de los refugiados están en países en vías de desarrollo con bastantes menos recursos que las naciones de Europa.

-¿Qué hay que hacer para revertir la vergüenza de que uno de cada tres niños de este país, un total de 2.800.000 menores, estén en riesgo de pobreza o exclusión social?

-Estos datos proceden de un estudio realizado por Unicef y sí, es una vergüenza porque solo nos superan Grecia y Rumanía. La media de nuestro país es un 30% de los menores en esta situación.