Tras el golpe de Estado de Franco en julio de 1936, cualquier comportamiento contrario al "glorioso Movimiento Nacional" era motivo de represalia, severo castigo o consejo de guerra que llevaba a una muerte más que segura. Haber asistido a un mitin de Manuel Azaña, por ejemplo, convertía al que se le ocurriera en desafecto y, por tanto, era motivo suficiente como para perder la plaza o el negocio que le daba sustento. Fue el caso de Consuelo Rodríguez, que vivía en el Campo de Marte y tenía una caseta en Orillamar, uno de los famosos arcones, como eran llamados los puestos de las chambonas de A Coruña.

Consuelo se quedó sin su caseta porque el nuevo régimen le puso un no bien grande con lápiz rojo por el "informe desfavorable" de las autoridades locales. Consuelo tenía más motivos que haber ido al mitin del presidente de la República, como refleja un documento de la época, que precisa: "Fue afecta al Frente Popular y sigue conservando las mismas tendencias; concurrió al mitin de Azaña en Madrid y es contraria al Glorioso Movimiento Nacional".

A Franselina Adega, de la calle Montroig, le pusieron otro no en color rojo por sus tendencias políticas y le añadieron la misma cantinela: "Fue, y conserva las mismas tendencias, afecta al Frente Popular, opuesta al Glorioso Movimiento Nacional, habiéndose significado en la propaganda de las últimas elecciones del Frente Popular". Resultado: "informe desfavorable".

Tampoco resultó ejemplar a los ojos del régimen la conducta de Luz Cebreiro, de la calle San Roque y, como sus compañeras de infortunio, en su mayoría vecinas del peleón barrio de Montealto. Su pecado: "Es simpatizante del Frente Popular, habiéndose manifestado de tendencias extremistas y opuesta al Movimiento Nacional", señala el informe político con gruesa literatura en la que no suele faltar el chirriante gerundio. Manuela Docampo, que "tiene otros dos puestos más", según hace constar el funcionario de su puño y letra, y residente en la Campo de la Leña, "es de tendencias extremistas y opuesta al Glorioso Movimiento Nacional".

En cada nombre figura el número del puesto correspondiente. Así, en los arcones numerados del 76 al 79, de María Valiño, con domicilio en Orillamar, figura como "desaparecido", a pesar de admitir su "buena conducta", pues "no consta que se haya manifestado en contra del Movimiento Nacional, siendo sus informes favorables".

Elvira Abruñedo, de San Andrés, también está en la lista de chambonas represaliadas. Con prosa repetitiva y espesa, se informa desfavorablemente para conservar su puesto porque "sus antecedentes son de manifestarse afecta al Frente Popular y desafecta al Glorioso Movimiento Nacional". El caso de Elisa Farto, vecina de Atocha Alto, es bien diferente. Elisa guarda "buena conducta", pues tiene "buenos antecedentes" y no hay constancia de que se haya manifestado contra el Movimiento Nacional.

En la misma situación están, por ejemplo, Consuelo Botana, de Atocha Alta; María Montes, de la Galera; Manuela Vega, de la calle del Socorro; o Carmen Lamas, de la Vereda del Cementerio, que han mostrado, todas ellas, "buena conducta", ya que no tienen simpatía por el Frente Popular, la coalición electoral que agrupaba a los partidos de centro izquierda e izquierda durante la República.

Esto ocurría en A Coruña, que fue de las primeras ciudades españolas que cayeron en manos de los golpistas, mientras Madrid resistía y Azaña presidía la República, que era el régimen legalmente constituido.

El ansia de revancha fue evidente desde el primer momento. Los rebeldes fusilaron al gobernador civil, Francisco Pérez Carballo, el 25 de julio de 1936. Poco después, a mediados de agosto, su mujer, Juana Capdevielle, que estaba embarazada, apareció asesinada a tiros en una cuneta del municipio de Rábade, en Lugo, se cree que después de ser violada y torturada.

El alcalde de la ciudad, Alfredo Suárez Ferrín, cercano a Casares Quiroga, también fue ejecutado por los sublevados nada más empezar la contienda. Fue juzgado en consejo de guerra sumarísimo en agosto con el secretario del ayuntamiento, Joaquín Martín Martínez. Fueron ejecutados al día siguiente en el Campo de la Rata.

Unos meses después, en noviembre, el general jefe de la VIII División -que comprendía Galicia y León- Enrique Salcedo Molinuevo, y el general jefe de la 15ª Brigada, Rogelio Caridad Pita, fueron fusilados en el castillo de San Felipe de la ría del Ferrol.

No pudieron digerir que el Frente Popular hubiera ganado las elecciones y no pararon hasta imponer el nuevo orden fascista.