Rosana Morán Martínez, fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional del Tribunal Supremo fue condecorada el año pasado con la Legión de Honor Francesa como reconocimiento a la colaboración prestada en asuntos como la lucha contra el crimen organizado. Hace justo 30 años obtuvo el título de juez y también fiscal, iniciándose en Cataluña. Los fiscales han ejecutado un total de 3.319 comisiones rogatorias, el 92% europeas. Ahora espera que la nueva orden europea de investigación "coloque al fiscal en el lugar que le corresponde". Y es que, "es en la cooperación internacional donde más se aprecia el problema de que no sea el fiscal quien investigue".

-¿Cómo está ahora la cooperación internacional en materia de Justicia?

-Este lunes entró en vigor la orden europea de investigación, que incorpora el reconocimiento mutuo en la producción de pruebas. Viene a ser como la orden europea de detención y entrega, pero aplicado a las comisiones rogatorias y de extradición. Es un cambio de paradigma que convierte la cooperación en una cuestión obligatoria, más que rogada, como hasta ahora. Ni España ni otros 23 países han implementado la regulación. Vamos a recibir órdenes europeas de investigación de Francia, de Alemania, de Rumanía, que sí lo han implementado, de Italia y Portugal enseguida y no tenemos norma para responder, salvo los convenios vigentes.

-¿Por qué no en España?

-Evidentemente se debe al parón legislativo durante 2016. Ahora se ha presentado un anteproyecto, pero vamos con retraso.

-Eso con Europa. ¿Y el resto?

-Seguimos con los convenios tradicionales, la situaciones son más dificultosas, porque tenemos que pasar por las autoridades centrales, como el Ministerio de Justicia. Se mantiene la relación intergubernamental. Iberoamérica está tratando de cambiar ese sistema. Los que estamos especializados en esta materia nos conocemos, estamos comunicados por correo electrónico, chats, WhatsApp...

-Con los paraísos fiscales, imagino que es muy difícil esa cooperación.

-La comunidad internacional va intentado limitarlos. Van cambiando cosas. Tradicionales paraísos fiscales como Suiza, Andorra, Panamá han cambiado bastante su legislación y facilitan información. Pero quedan otros. Es una cuestión de presión internacional acabar con las islas del canal, con Bahamas..., que siguen siendo un problema para la recuperación de activos en la investigación contra la corrupción.

-¿Y países como Venezuela, donde el Estado de Derecho parece venirse abajo?

-La Fiscalía de Venezuela siempre contesta a las comisiones rogatorias, pese a todo, siguen manteniendo una buena relación y hay una colaboración dentro de las dificultades. Hace un año colaboramos en la investigación del secuestro de un español. La fiscal general es la primera que está al frente contra los abusos antidemocráticos.

-¿Y Colombia?

-La fiscal general de Colombia estuvo aquí la semana pasada para colaborar con nosotros ya que tienen abiertas unas diligencias por el caso Lezo (que implica al expresidente madrileño Ignacio González), ha estado reunida con mi superior y el fiscal Anticorrupción para trabajar en equipo.

-¿Quiere eso decir que los corruptos ya no lo tienen tan fácil?

-Eso espero y eso tratamos, pero las dificultades existen. España tiene el problema de que no tiene una ley de Cooperación Internacional. Siempre se dice que la haremos cuando tengamos la ley de Enjuiciamiento Criminal, porque precisamente en la cooperación internacional es donde más se aprecia el problema de que no sea el fiscal quien instruya los casos. Tenemos dificultades porque las autoridades que más investigan en Europa, salvo en Grecia, Eslovenia, Bélgica y parcialmente en Francia, son los fiscales. Los fiscales estamos recibiendo de Europa cada vez más comisiones rogatorias, y las ejecutamos, aunque siempre con el límite de los derechos fundamentales. La imagen que damos es un poco confusa.

- ¿ Por qué ese rechazo a que el fiscal investigue?

-Las tradiciones son difíciles de romper. Nosotros no podemos asumir la instrucción como estamos. Siempre se pensó en una modificación de la Lecrim acompañada o precedida de una modificación del Estatuto Fiscal. La dependencia es del Ministerio de Justicia. Si hay que ir a Brasil a practicar una prueba, hay que pedir al Ministerio, porque nosotros no tenemos presupuesto. Cualquier provisión de plazas, concursos, todo depende de Justicia. Las Fiscalías que funcionan en el mundo tienen autonomía funcional y económica. Nosotros no tenemos ni la formación. Es un problema que sufrimos hace tiempo, que nos lo ha dicho el Consejo de Europa: somos un cuerpo bien formado y diligente, pero rechaza que el nombramiento gubernamental del fiscal general y señala que debemos tener autonomía tanto presupuestaria como de recursos humanos. Llevamos seis años sin creación de plazas, la tasa de fiscales respecto a Europa es ridícula y carecemos de funcionarios.

-¿Son los jueces los que más lo rechazan?

-Hay quien piensa que esto funciona, y quien piensa que no, en general quien ha salido fuera. Es difícil sostener que quien está investigando sea la garantía de los derechos fundamentales, sobre todo quien decide las medidas cautelares, como el ingreso en prisión. Aunque también es cierto que en algunos ámbitos, como la Fiscalía Anticorrupción, la Antidroga, la de la Audiencia Nacional, están funcionando casi como instructores. Y se ve en que muchas veces, los informes de los fiscales son repetidos en los autos de los jueces instructores, que ya funcionan básicamente como jueces de garantías.

- Ha habido polémica sobre presuntas presiones en Anticorrupción.

-Desconozco que haya habido presiones. Ha habido discrepancias entre el jefe y el que llevaba más tiempo en la instrucción, pero se rectificó. Algo bueno es que los fiscales, si no estamos de acuerdo con una decisión de nuestro jefe la puede impugnar. El sistema funcionó.