Cándido Conde-Pumpido Magistrado del Constitucional, ex fiscal general del Estado

"La ley hipotecaria era muy perjudicial, ahora los tribunales protegen mejor"

"¿La dimisión de Manuel Moix? El cargo de fiscal general conlleva enormes dificultades, siempre he querido ser muy respetuoso con quienes me han sucedido"

07.06.2017 | 01:01
Cándido Conde-Pumpido.

Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) es en la actualidad magistrado del Tribunal Constitucional, después de haber pasado por el cargo de fiscal general del Estado entre los años 2004 y 2011. En esta entrevista habla de la protección penal a los consumidores, un campo en el que la Justicia ha acumulado en los últimos tiempos un buen volumen de trabajo a costa de los conflictos con hipotecas, cláusulas suelo y demás asuntos relacionados con la vivienda.

-¿Cuándo se aplica la protección penal a los consumidores?

-En el Código Penal existe una serie de tipos delictivos que tutelan y protegen a los consumidores y sus intereses. Como por ejemplo los casos de consumidores que han invertido en una entidad bancaria y se encuentran con que han perdido mucho dinero porque la oferta que se había planteado podría no responder a la realidad. Estaríamos ante una estafa de inversiones que permite que los consumidores puedan reclamar. También estamos hablando de los delitos relacionados con la publicidad engañosa, la difusión de rumores para el alza de los precios, la manipulación de los precios... Para los ataques más graves, además del Derecho civil, los consumidores tienen protección del Derecho penal.

- ¿Suponen un porcentaje elevado los casos que llegan al proceso penal?

-No es un porcentaje muy elevado, porque estamos hablando de los ataques más graves. Es un Derecho que podríamos decir que interviene en el límite, para sancionar los aspectos más graves que pueden llegar a la pena mayor, la de prisión. Pero este tipo de actuaciones tienen un papel muy importante desde el punto de vista disuasorio: no es lo mismo que alguien que ha engañado al consumidor tenga que restituirle el dinero que el hecho de que pueda acabar en prisión. Esa sanción tiene un efecto muy importante para prevenir de forma general en el futuro para que no se repita ese tipo de conductas.

-¿Ha aumentado la litigiosidad entre los consumidores?

-Ciertamente. Pero fíjese que los adquirentes de vivienda tienen desde el año 68 una ley que les protege, que quizás es la primera ley que se ha dictado en España de protección de los consumidores, de tal manera que las cantidades que se entregan anticipadas siempre tienen que estar garantizadas y aseguradas para que en el supuesto de que la vivienda no se llegue a construir el cliente nunca pierda el dinero y siempre pueda recuperarlo aunque la empresa quiebre. Es una ley de hace 50 años que fue reiterada dos veces por el legislador en la ley de ordenación de la edificación y en una ley reciente. Y, sin embargo, muchas veces no se cumplía, de tal manera que veíamos a personas que habían invertido en una vivienda y sin embargo con la llegada de la crisis ni habían obtenido esa vivienda ni les habían devuelto el dinero. Debería ser imposible, porque, según la ley, ese dinero debería estar asegurado, pero cuando íbamos a comprobarlo nos encontrábamos con que la ley no se cumplía.

- ¿Se ha eliminado esa impunidad?

-Hoy el Tribunal Supremo está sancionando penalmente por apropiación indebida a los constructores que se han apropiado de esos fondos para sus propios intereses y se les está castigando con un hecho delictivo. Pero nos encontramos con que existen normas de protección de los consumidores que están ahí y no se aplicaban suficientemente. Y los consumidores estaban muy desprotegidos. Hoy hay una reacción en el ámbito civil y en el penal para protegerlos mejor.

-¿Es la vivienda el mayor de los problemas?

-Sí. Nosotros teníamos una legislación hipotecaria que era muy perjudicial para los consumidores. Somos de los pocos países en los que la vivienda responde del crédito hipotecario pero si uno se queda sin la vivienda puede tener obligación de tener que seguir pagando toda su vida dicho crédito. Ha habido abusos en materia de vivienda y resulta que hemos tenido que esperar a que sea el Derecho europeo el que dé la respuesta. La posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reforzado el Derecho de los consumidores y ha hecho reaccionar a los propios tribunales internos que en este momento, con el acicate de las sentencias europeas, están respondiendo con una mayor protección de los consumidores. Y eso ha pasado en el tema de las cláusulas suelo, hipotecas e inversiones, como ocurre con la venta de productos como las preferentes que, cuando uno iba a mirar, no había preferencia ninguna sino todo lo contrario. Eso en sí mismo lleva un engaño al consumidor y en la actualidad se está reaccionando con bastante energía. Yo creo que hay que protegerlos por encima de todo.

-¿Pueden respirar los consumidores más tranquilos ahora?

-En este momento, tras incorporarme al Tribunal Constitucional, he podido comprobar que también allí tenemos asuntos de protección a los consumidores, y sí que hay una buena respuesta. Se está actuando con bastantes garantías.

-Como fiscal general del Estado que ha sido, ¿qué opinión le merece la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix?

-Conozco de manera personal y directa las enormes dificultades que tiene el cargo de fiscal general y por eso siempre he querido ser muy respetuoso con los fiscales que han sido sucesores míos y no me pronuncio sobre los problemas que pasan en la Fiscalía.

-¿Qué tal su reincorporación al Tribunal Constitucional?

-La verdad es que el cargo de fiscal general exige una enorme tensión y una enorme dificultad. Después de haber pasado por el cargo uno tiene una visión del conjunto del sistema jurídico y penal muy útil para poder trabajar en otros destinos. Y de verdad que ahora trabajo con bastante más tranquilidad que cuando estaba en la Fiscalía General.

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