Visto lo visto, no parece que el Gobierno y esos poderes, que bien representa y mejor defiende, tengan la más mínima intención de erradicar la corrupción, es decir, de reducirla a algo excepcional en la vida política y social, como lo es el asesinato, por ejemplo. De hecho hay muchos más corruptos que asesinos. Y eso sin contar más que a los corruptos descubiertos.

Para este Gobierno y los suyos lo cardinal es garantizar la posibilidad de hacer pingües negocios, ya sea por la vía legal o por la ilegal. La corrupción para ellos es un estado natural, una condición humana que solo hay que mantener en un nivel tolerable o tolerado y en unos ámbitos muy determinados, que son los afines. La cosa se ve muy bien en lo fiscal: al pequeño defraudador, mucha caña, desproporcionada caña incluso, pero al gran defraudador amnistía y rebajas en la cotización y en la sanción. Similar desproporción se mueve por ese código penal contra el roba-gallinas, como bien han definido incluso autoridades de la Justicia.

La política del Gobierno contra la corrupción podríamos denominarla "reduccionista", en el sentido de que, en todo lo que se refiere a la corrupción el objetivo es reducir o minimizar, una vez que ya no se sostiene aquella política "negacionista" que simplemente la negaba o la limitaba a algún caso aislado, a una manzana podrida o a alguna rana. Ahora tienen que reducir la corrupción porque, tras décadas de ancha es Castilla, se impone (porque lo cierto es que se les impone) restringirla a límites tolerables y tolerados y, al mismo tiempo, hay que reducir las sanciones, resarcimientos y penas de sus corruptos, (porque son sus corruptos) también por las dos tradicionales vías: la legal, sacando nuevas normas, sobre todo procesales, que vayan en la dirección de la mayor impunidad posible y la ilegal o a-legal, maniobrando en los nombramientos de la Administración de Justicia para lograr que sean los afines quienes impartan justicia, que esto es un decir.

De todo esto se deduce que este Gobierno y su satélite, Ciudadanos, no luchan contra la corrupción, como pretenden hacernos creer, sino que únicamente tratan de conseguir y mantener una corrupción sostenible.