Tal día como ayer, hace cien años, se aprobó en EEUU la XVIIIª enmienda a su Constitución, con la que se establecería dos años más tarde la llamada Ley seca, que prohibía la venta, fabricación, importación, exportación y transporte de bebidas alcohólicas. "La prohibición" por antonomasia, fue llamada popularmente aquella ley. Su promotor el senador Volstead, anunció eufórico la nueva norma: "Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno".
La realidad fue muy otra. La gente no dejó de beber pero, eso sí, se organizaron mafias poderosas que se cimentaron sobre el negocio clandestino del alcohol, se incrementó hasta límites intolerables el crimen organizado y creció muy notablemente la corrupción de policías y funcionarios instrumentalizados por las "familias" mafiosas. La delincuencia se incrementó pasando la población carcelaria de unas 4.000 personas antes de la Ley seca a más de 25.000 al inicio de los años treinta. Pronto la gente cayó en la cuenta de que había sido peor el remedio que la enfermedad y solo 16 años después del establecimiento de la enmienda XVIII, el Senado de los EEUU ratificaba la enmienda XXI que derogaba la base constitucional de la Ley seca.
La peripecia social y política de la Ley seca está sirviendo de referencia en el debate actual sobre la legalización de, al menos, algunas drogas hoy sometidas a "la prohibición", por cierto, muchas de ellas menos dañinas que el alcohol. "Prohibición" que también es la base de negocio de bandas, mafias y organizaciones criminales que siembran violencia en nuestras calles y llenan nuestros penales. Parece que la prohibición absoluta y radical fortalece el delito y la clandestinidad, mientras que la regulación protectora de derechos y libertades embrida la delincuencia y la reduce. Es para pensárselo bien.
