Ya les ocurrió a los cooperantes que intentaban salvar a los refugiados de la guerra de Siria que trataban de ganar la isla de Lesbos. Ahora, es Italia la que amenaza con graves penas. La española Anabel Montes Mier, jefa de operaciones de la ONG catalana Proactiva Open Arms, está retenida en el puerto siciliano de Pozzallo, junto a Mark Reig, comandante del barco de la entidad -secuestrado judicialmente de forma preventiva-, por desembarcar el domingo a 216 inmigrantes rescatados cerca de la costa libia. El fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro, les ha abierto una investigación por organización criminal, fomento de la inmigración ilegal y violar los acuerdos internacionales.
La retención del buque y la tripulación ha motivado una ola de solidaridad, a la que se ha sumado, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El propio ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha señalado que "no entiende nada".
Salvar inmigrantes se ha convertido en una actividad de riesgo. El jueves, a 73 millas de la costa libia, patrulleras de ese país estuvieron a punto de ametrallar el barco de la organización por no entregarles a las mujeres y los niños que acababan de rescatar.
La propia Anabel Montes lanzó un mensaje de socorro a través de su perfil de Facebook: "Situación de emergencia grave en aguas internacionales. Guardacostas libios amenazan con disparar a matar a nuestro barco y tripulación, de bandera europea, a no ser que les transfiramos las mujeres y niños que hemos rescatado de una barca en peligro de naufragio. Situación de extrema gravedad en aguas europeas. Gracias".
La Guardia Costera italiana se lavó las manos, indicando que las operaciones de rescate estaban coordinadas por los libios. Algo inusual, puesto que, desde que hace un año la ONG comenzó a operar en la zona, venía coordinándose con las autoridades italianas y maltesas. El barco logró escapar no obstante hacia el norte, pero Italia les negó un punto de atraque. Esta demora, indica la ONG, costó la muerte por inanición a uno de los inmigrantes. Al final arribaron a Pozzallo, pero la Justicia italiana cayó sobre ellos.
"No es broma, les investigan por delitos que conllevan penas de entre cuatro y siete años de prisión", asegura la abogada Margarita Montes, tía de Anabel. "Les han tomado declaración y confiscado los teléfonos móviles. No pueden salir del barco. El padre de Anabel pudo hablar con ella. Está bien, aunque preocupada", indicó la letrada. El fiscal Zuccaro aseguró hace un año que las organizaciones no de rescate se coordinaban con las mafias, de las que incluso recibían financiación.
El fundador de Open Arms, Óscar Camps, defendió en Twitter la negativa de la tripulación del barco a entregar a los refugiados rescatados. "Impedir el rescate de vidas en peligro en alta mar con el fin de devolverlas por la fuerza a un país no seguro -como es Libia- equivale a llevar a cabo una devolución en caliente, y contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU", indicó. Y abundó: "Proteger la vida humana en el mar debería ser la prioridad absoluta. Así lo estipula el derecho del mar".
El ministro Dastis afirmó ayer por la mañana que el Gobierno está trabajando con responsables de la ONG para "aclarar" la situación del barco e "intentar despejar cualquier problema que haya". "Tenemos desde ayer (por el domingo) al Consulado en Nápoles y al cónsul honorario en Catania en contacto con el capitán del barco y con los responsables de la ONG que ya tienen una abogada", indicó. La letrada es Rosa Emanuela Lo Faro, que indicó a los medios italianos que el único delito que puede imputar a la ONG es "la solidaridad", ya que nadie delinque por "socorrer a las personas".
