El Gobierno local aseguró ayer a los propietarios de los locales y viviendas del edificio Conde de Fenosa que no será derribado a causa de la sentencia del Tribunal Supremo -adelantada por LA OPINIÓN- que establece la obligación de demolerlo por encontrarse fuera de la ordenación urbanística.
"Actuaremos con sentido común", manifestó el alcalde, Javier Losada, quien explicó que el Ayuntamiento presentará un recurso "sobre el fondo de la cuestión", ya que considera que la sentencia del alto tribunal no aborda los argumentos que aportaron los servicios jurídicos municipales para intentar evitar la demolición.
"El recurso marcará la total legalidad de las decisiones tomadas en el 97, 98 y 99", proclamó Losada, quien añadió que esta nueva iniciativa jurídica "dejará claro que el Ayuntamiento actuó dentro de la legalidad".
El regidor detalló que la gestión municipal con relación al edificio Conde de Fenosa fue "conforme a un plan general diferente, planteamientos diferentes y diferentes licencias", en referencia a que la primera autorización para la construcción del inmueble se concedió de acuerdo con el plan general de urbanismo de 1985, tras lo que se intentó adaptar al de 1998 con el fin de corregir las infracciones en las que incurría.
Losada se mostró confiado en el éxito del recurso que promoverá el Concello, por lo que solicitó a los perjudicados por la sentencia que tengan "total tranquilidad" acerca de las consecuencias que tendrá el fallo judicial.
Desde la publicación por este diario de la resolución del Supremo, los propietarios e inquilinos de viviendas, locales comerciales y oficinas en el inmueble -entre quienes finalmente no figura el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro- han expresado su preocupación por la repercusión que pueda tener la sentencia.
Una de ellas es la obligación de que todos los pisos y bajos del edificio figuren en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria con la advertencia de que pesa sobre ellos una orden de demolición, lo que en la práctica supone que carecen de valor en el mercado, ya que ningún comprador querrá arriesgarse a que finalmente la sentencia se ejecute.
La delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos de Galicia manifestó ayer su "respeto a la decisión judicial" del Tribunal Supremo, aunque evitó pronunciarse sobre sus argumentos jurídicos al desconocer su contenido, por lo que explicó que no se encuentra "en disposición de emitir valoraciones técnicas al respecto".
La entidad colegial advirtió no obstante de que es "preciso el cumplimiento de la legalidad vigente" y que las sentencias "deben ser cumplidas", al tiempo que lamenta las posibles consecuencias negativas que puede producir esta situación en los propietarios e inquilinos del inmueble.
El fallo del Supremo es la última resolución jurídica por el momento de un proceso iniciado en 1997 con la concesión por el Ayuntamiento de la licencia de construcción a Fadesa para reformar el inmueble que había servido de sede a la compañía eléctrica Fenosa. Un recurso promovido por un vecino de la zona derivó en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que decretaba la anulación de la licencia.
En ese momento, diciembre de 2001, las obras del edificio ya habían concluido y suponían una sustancial modificación de la construcción anterior, a la que superaba en volumen y estructura.
Los recursos planteados por el Concello y Fadesa ante el Supremo no surtieron efecto, ya que en el año 2006 este tribunal confirmó la orden de derribo, mientras que el Superior de Galicia emitió al año siguiente un auto con el que desestimaba la petición municipal para que no se ejecutase la demolición.
