El plan general, que el alcalde, Javier Losada, calificó como "modélico", chocó ayer de frente con el informe que le remitió la Xunta, en el que insta al Ayuntamiento a "subsanar las deficiencias" detectadas antes de proceder a su aprobación inicial. La Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo entiende que en el planeamiento no se justifica la construcción de 33.900 viviendas; que incluye convenios con otras administraciones "pendientes de formular" para la urbanización del puerto, la Fábrica de Armas, los terrenos de la terminal de buses y la estación intermodal; y que el Concello prevé ejecutar proyectos con la ayuda de otras instituciones pese a que ni siquiera tiene comprometida la correspondiente financiación.
El informe autonómico deja en evidencia puntos claves del plan diseñado por Joan Busquets y obliga al Concello a corregir los fallos antes de llevarlo a pleno para su aprobación provisional. Superado este trámite, el plan deberá estar a exposición pública para poder presentar alegaciones y, una vez resueltas, el Ayuntamiento volverá a enviarlo a la Xunta para su aprobación definitiva. La entrada en vigor del plan es una incógnita. A continuación, se citan las principales "deficiencias" detectadas por la Xunta:
. Un planteamiento urbanístico más racional. "El plan general debe justificar su modelo de ordenación a los principios de utilización racional del suelo y desarrollo sostenible, de forma que la ordenación propuesta sea congruente y se transforme urbanísticamente sólo aquel suelo que sea preciso", recomienda la Xunta. Los técnicos entienden que el Concello ha basado su previsión de crecimiento urbanístico -33.900 nuevas viviendas, de las que 24.723 garantiza que se van a ocupar; 64.000 habitantes más; y una ratio de 2,6 personas por casa- de acuerdo al "gran auge constructivo" del anterior plan, del período 1999-2007, cuando se levantaron 22.000 viviendas.
. Dudas sobre la vigencia del documento. La consellería reclama al Gobierno local que especifique el plazo de vigencia pues en el plan se habla de doce o veinte años. La Xunta recuerda que, según las directrices de Ordenación do Territorio, no pueden superar los doce años. Solicita al Concello que corrija su estudio económico porque el plan no puede contener "previsiones de financiación" para ejecutar sistemas generales y actuaciones públicas que se atribuyen, sin consultar antes, a otras administraciones.
. Proyectos claves sin definir. Territorio no está de acuerdo con la fórmula que pretende emplear el Concello para tramitar los proyectos del puerto, la estación de tren, la terminal de buses y la Fábrica de Armas. Apunta que el plan prevé transformar estas zonas a través de convenios que "aún se encuentran pendientes de formulación", en lugar de realizar una modificación puntual. Solicita que se cambie la clasificación de la estación de buses, para ser sistema general de comunicaciones, y de la Fábrica de Armas -el plan establece que es suelo urbano consolidado y la Xunta pide que sea no consolidado-.
. Terrenos afectados por el aeropuerto y el AVE. La Xunta exige que el informe de sostenibilidad ambiental tenga en cuenta la presa de Meicende por formar parte de la cuenca del río Monelos y analizar el "riesgo de inundaciones", así como de la refinería, con un estudio de "riesgos inherentes a las sustancias peligrosas". También echa en falta una delimitación de las zonas acústicas, sobre todo en nuevos polígonos residenciales que puedan estar afectados por la estación de tren, como el Agra de San Cristóbal -detrás del parque de bomberos de A Grela- y por el aeropuerto, como el monte Alfeirán y A Zapateira. Además, reclama que un sector del monte Alfeirán y dos de A Zapateira se clasifiquen como suelo rústico, y no urbanizable como indica el plan, para convertirse en zona de servidumbre de Alvedro. Territorio insta a clasificar como suelo rústico de protección de costas aquellos que aparecen en el plan como rústico de protección de infraestructuras y de aguas situados en Bens a menos de 200 metros del litoral. Por último, la Xunta exige cambios en la toponimia y "verificar el coeficiente de edificabilidad de las fichas de los polígonos".
