PABLO LÓPEZ | A CORUÑA
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha solicitado al subdelegado del Gobierno y al fiscal jefe de Galicia que eximan a los agentes del instituto armado de declarar como testigos en los juicios.
La agrupación que defiende los intereses de los miembros de la benemérita formula esta reclamación tras denunciar el caso de un cabo al que sus superiores le han abierto un expediente por estar disconformes con las palabras que pronunció ante el juez durante la celebración de una vista por un accidente de tráfico.
Los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles aseguran que el agente que actuó como testigo se enfrenta a un posible cambio de destino a pesar de haber "dicho la verdad en todo momento". La agrupación opina que el expediente abierto al cabo tiene como causa que "no declaró lo que al Jefe de Sector de A Coruña le gustaría".
Los representantes de los guardias civiles denuncian que el cambio de destino es una de las sanciones más graves que se le pueden imponer a un agente del instituto armado y, por ello, consideran que aquellos miembros de la benemérita que participan en un juicio como testigos tienen demasiado que perder a cambio de sus declaraciones. "Además del gasto económico que conlleva el cambio de domicilio, implica un daño moral, ya no sólo para el expedientado, sino también para su familia", denuncia la agrupación de guardias civiles en un escrito enviado al subdelegado del Gobierno.
Los guardias civiles, aunque conscientes de que la incomparecencia de los agentes en los tribunales puede provocar la paralización de "todos los juicios", están dispuestos a llegar hasta el final en las reclamaciones que dirigen al subdelegado del Gobierno y al fiscal jefe. "Como asociación que representa los intereses de más de 600 asociados en la provincia no podemos quedarnos quietos esperando más expedientes para los guardias civiles", explica la agrupación, que califica el caso del cabo como un precedente peligroso.
Los autores de la carta enviada a los representantes institucionales critican que el hecho de que los superiores de los agentes revisen y examinen las declaraciones que éstos realizan en los juzgado atenta contra los principios fundamentales de la Justicia y contra los derechos de los propios testigos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles recalca que el caso del cabo es todavía más grave si se tiene en cuenta que éste se limitó a relatar lo que había visto y a evitar pronunciarse sobre hechos que desconoce.
"En un juicio debe prevalecer la verdad y lo único que se le puede pedir a un testigo es que declare la verdad. El poner a examen con lupa las manifestaciones de un agente máxime cuando, como en este caso, se pretende que declare sobre hechos en los que no intervino, supone un quebranto de la seguridad jurídica", dicen.
En el documento enviado al fiscal jefe de Galicia, la asociación de guardias civiles explica que el cabo, en su declaración, explicó que el acusado no presentaba síntomas de alcoholemia una hora y media después de la inmovilización de su vehículo; un testimonio que no agradó a sus superiores, que supuestamente pretendían que el testigo manifestara que el imputado le había dicho que había bebido -algo que según la información de la que dispone la Asociación Unificada de Guardias Civiles no se ajusta "exactamente" a la realidad-.
Las dos asociaciones que representan a agentes del instituto armado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Unión de Guardias Civiles, exponen al fiscal jefe que el riesgo al que están sometidos los testigos de la benemérita es causa suficiente para que se les exima de declarar en los juzgados. "Solicitamos que se exima a los agentes de la Guardia Civil de la obligación de prestar declaración en sede judicial, ante el riesgo de ser sancionados al no declarar conforma al parecer de sus superiores", reclaman las agrupaciones.
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