El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, sobre quien recayó la responsabilidad de investigar la concesión de parques eólicos y minicentrales hidráulicas a un socio de la familia de Francisco Vázquez, considera que tiene que ser un juzgado de Santiago el que se encargue de investigar la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El Ministerio público comenzó la investigación de la trama energética después de que LA OPINIÓN publicase una serie de informaciones en las que desvelaba los vínculos del empresario Luis Castro Valdivia -cuñado del ex director xeral de Industria, Enerxía e Minas Ramón Ordás Badía- con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, y la mujer y los hijos del ex alcalde y embajador de España en la Sante Sede, Francisco Vázquez.

El fiscal José Ramón Piñol consideró después de meses de investigación que existían indicios para acusar a Castro Valdivia y Ordás Badía de un delito de tráfico de influencias. El Ministerio público indicaba en el escrito presentado en marzo de 2007 en el juzgado decano de A Coruña que si bien era cierto que el empresario había iniciado sus negocios en el sector energético hacía muchos años, fue desde que su cuñado asumió el cargo de director xeral de Industria, en noviembre de 1999, cuando su actividad empresarial recibió "un fuerte impulso y consolidación".

El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 1, pero su titular entiende que la investigación debe ser asumida por Santiago, pues es en esta ciudad donde se encuentran las dependencias de la Xunta y donde trabajaba Ordás Badía cuando presuntamente cometió el delito de tráfico de influencias. Aunque se demuestre que la adjudicación de las minicentrales y los parques fue ajustada a derecho, el ex director xeral podría ser condenado por este delito, pues el juez puede entender que se tendría que haber mantenido al margen de las adjudicaciones si uno de los interesados era familiar suyo. En caso de que se demuestre que las empresas beneficiadas por las licencias lo fueron sin merecerlo, los imputados podrían ser condenados también por prevaricación y cohecho. El auto en el que el juez explica sus motivos para no querer hacerse cargo de la investigación es firme, pero puede darse la circunstancia de que Santiago rechace instruir el caso. Si esta circunstancia se llegase a dar -el magistrado aún no ha enviado los autos a la capital gallega- será la Audiencia Provincial quién tenga que decidir sobre a quién corresponde la investigación judicial de la trama energética.

Desde la llegada de Ordás Badía a la Consellería de Industria (estuvo en el cargo hasta 2005, cuando Manuel Fraga perdió las elecciones) Castro Valdivia fue creando una serie de empresas con características parecidas y con las que obtuvo nueve licencias hidroeléctricas y siete para explotar parques eólicos. Todas las sociedades vinculadas a Castro Valdivia son de responsabilidad limitada, de capital "muy escaso", carecen de personal para llevar a cabo sus fines sociales y ni siquiera cuentan con soporte técnico para poder desarrollar proyectos energéticos, según la denuncia de la Fiscalía. El Ministerio público también apuntaba en su escrito la inexistencia de "soporte material", pues la mayor parte de las 35 sociedades del empresario tienen su domicilio social en dos direcciones de A Coruña, el número 1 de la calle Fama -donde tiene su domicilio- y el 6 del Cantón Grande.

El fiscal que inició la investigación de la trama energética acompañó su denuncia de diversa documentación sobre la empresa vinculada a la mujer y los hijos de Francisco Vázquez, el presidente de la patronal y Castro Valdivia, quien durante los años en que su cuñado, Ramón Ordás Badía, estuvo al frente de la dirección xeral de Industria logró nueve licencias hidroeléctricas y siete para explotar parques eólicos.

Entre las 35 empresas en las que el cuñado de Ordás Badía tiene responsabilidades se encuentra Hidroeléctrica del Arnoya, una sociedad que, tras diversas operaciones, pasó a ser controlada por María del Carmen de la Iglesia (esposa de Francisco Vázquez) y los dos hijos del ex alcalde, quienes poseen el 50% de las acciones a través de la sociedad patrimonial Iglevaz. Esta compañía -cuya denominación coincide con las primeras sílabas de los apellidos del embajador y su esposa- fue constituida por el presidente de la patronal gallega en 1998 y transmitida cuatro años después, cuando ya poseía la mitad de la hidroeléctrica, a la familia más directa del entonces regidor. Cuando el cuñado de Castro Valdivia estaba en la Xunta, a Hidroeléctrica del Arnoya le fue concedido un permiso para la instalación de aerogeneradores en O Chao, localidad situada entre los municipios lucenses de Muras y Ourol. Esta concesión fue paralizada por el anterior conselleiro de Industria, el nacionalista Fernando Blanco, después de que la LA OPINIÓN desvelase las conexiones empresariales entre la familia Vázquez, Castro Valdivia y el presidente de la patronal gallega.

El Gobierno de Manuel Fraga se apresuró a tramitar la concesión del parque de O Chao antes de abandonar la Xunta. En julio de 2005, con el Gobierno ya en funciones y Ordás Badía como director xeral, Hidroeléctrica del Arnoya consiguió la adjudicación para instalar este parque eólico presupuestado en 10,4 millones de euros. También con el cuñado de Castro Valdivia en el Gobierno, la empresa controlada por Iglevaz logró la concesión de dos minicentrales hidráulicas, una en el río Corzán y otra en el Xallas. Unos meses después de que LA OPINIÓN diese a conocer la trama energética, el ex alcalde fue nombrado embajador en El Vaticano.