TANIA SUÁREZ | A CORUÑA Francisco Vázquez aspira a ser nombrado Defensor del Pueblo. El ex alcalde de A Coruña y embajador de España en la Santa Sede se postula como candidato al cargo que ocupará Enrique Múgica hasta junio de 2010. Vázquez cuenta con más apoyos del Partido Popular que de su propia formación, el PSOE, que se muestra reticente al nombramiento. El representante de España en el Vaticano expuso su cercanía al PP a finales del mes pasado, cuando telefoneó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para mostrarle su apoyo después de que trascendiese que la regidora recibió regalos de algunos de los cabecillas imputados en el caso Gürtel.

Vázquez anunció públicamente que no irá a otra embajada, ya que forma parte del acuerdo al que llegó con el ministro de Fomento, José Blanco. El ex alcalde necesita el apoyo del PP y de su partido para ser elegido Defensor del Pueblo, un cargo para el que se requiere ser votado por las tres quintas partes del Congreso y del Senado, lo que exige el acuerdo de los dos partidos.

El PSOE tiene 144 diputados, y el PP, 152. Los populares cuentan con 101 senadores, mientras que los socialistas tienen 88. El embajador de España en Roma necesita el apoyo de ambas formaciones políticas para ejercer de Defensor del Pueblo durante cinco años. La misión del representante de los ciudadanos ante el Gobierno, según la ley que lo regula, es "proteger y defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos".

Múgica fue elegido Defensor del Pueblo en junio del año 2000 y fue renovado por otros cinco años en 2005. El Defensor cuenta con su propio equipo, un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que puede delegar sus funciones. Los colaboradores son nombrados previa conformidad con las Cortes Generales.

Vázquez fue elegido embajador de España en el Vaticano en febrero de 2006. Aunque se desconoce la fecha en la que abandonará la Santa Sede, el ex regidor se postula como candidato a defensor del pueblo, un cargo que dejará Múgica vacante en el mes de junio del próximo año.

El representante de los ciudadanos, según la ley orgánica que regula la institución, "no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, desempeña sus funciones con autonomía y goza de inviolabilidad e inmunidad durante su permanencia en el cargo".