Los días de los galpones en los que el propietario de una finca de Feáns aloja a obreros e inmigrantes están contados o, al menos, eso afirma el Ayuntamiento, que garantizó ayer que ejecutará la orden de derribo que pesa sobre estas construcciones situadas en una parcela próxima al colegio Obradoiro. El Gobierno local explicó que los recursos presentados por el dueño de las infraviviendas, que intentó ampararse en una supuesta prescripción del delito por la antigüedad de las casetas, ha retrasado los trámites necesarios para tirar los galpones. El Concello, a pesar de esta promesa, no ha querido informar de los plazos previstos para la demolición

PABLO LÓPEZ | A CORUÑA El Ayuntamiento asegura que derribará los doce galpones que el dueño de un chalé del barrio de Feáns ofrece para que residan obreros en régimen de alquiler. Una portavoz municipal, que habló en nombre de la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela -que está "de vacaciones"-, explicó que el Gobierno local ejecutará la orden de derribo dictada a principios de este año para eliminar estas infraviviendas, que fueron levantadas sin licencia.

"Se van a ejecutar la sentencia y los acuerdos municipales según lo previsto legalmente", explicó ayer a este diario la portavoz del Ayuntamiento, que no informó de las fechas concretas en las que el Gobierno local tiene previsto demoler los galpones.

El Gobierno local explica que, aunque la ilegalidad de los galpones es clara, los trámites que hay que seguir para ejecutar una orden de derribo siempre retrasan este tipo de actuaciones de Urbanismo. El Concello, a pesar de esta tardanza, garantiza que demolerá las infraviviendas.

El dueño de la parcela en la que están ubicados los galpones, a unos 200 metros del colegio Obradoiro, había explicado a este diario que aún no existe una sentencia firme. El propietario, que ha recurrido ante la Justicia, argumenta que la infracción urbanística ha prescrito debido a la antigüedad de las construcciones.

El juzgado de lo contencioso administrativo número tres confirmó el pasado mes de enero que la decisión del Concello "se ajusta al derecho", pero el supuesto infractor volvió a recurrir, esta vez ante el Tribunal Superior de Xustiza, alegando que una de las infraviviendas ya estaba en la finca cuando él la compró.

Los jueces también rechazaron este argumento, ya que el dueño de los galpones había realizado obras para convertir la infravivienda que supuestamente existía antes de que él comprara la finca en un apartamento habitable, lo que hace que tenga que volver a contabilizarse desde el principio el tiempo necesario para que el delito prescriba.

Las declaraciones del Concello, unidas a todas las sentencias judiciales, dejan claro que la intención del Gobierno local es derribar las infraviviendas y que la supuesta prescripción del delito a la que alude el propietario no será un impedimento a la hora de aplicar la resolución.

Las características de la finca donde se encuentran las infraviviendas del barrio de Feáns son similares a las de las que albergan los galpones que aún existen en las inmediaciones del campus universitario de A Zapateira y que sirven para el alojamiento de jóvenes estudiantes.

Un elevado muro de hormigón que rodea la finca para impedir que las infraviviendas sean vistas desde fuera y un portal sin número ni portero automático son dos de las señales que demuestran la intención del propietario de la parcela de ocultar la actividad.

También la estructura de los galpones recuerda a aquellos cuya existencia denunció un estudio elaborado por la Universidad acerca de las malas condiciones en las que viven algunos de sus estudiantes. Cada una de las casetas de Feáns cuenta únicamente con una puerta, una ventana y una sencilla cubierta consistente en una placa.

Los vecinos que residen cerca de la parcela aseguran haber visto a los inquilinos de los galpones, la mayoría de ellos obreros e inmigrantes que rara vez permanecen en las infraviviendas más de un año.

El presidente de la asociación de vecinos de Feáns, José Ramón Fernández, no ha querido opinar sobre el tema. El dirigente, que asegura conocer al dueño de la finca, afirma que los técnicos municipales son los únicos que tienen conocimientos suficientes para opinar sobre la existencia de las infraviviendas para obreros.