JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ | A CORUÑA La Consellería de Territorio e Infraestruturas atribuye al Ayuntamiento coruñés el retraso producido en la adjudicación de las obras de la residencia de estudiantes de la Universidad, que posee licencia de construcción desde finales del mes de marzo. El departamento autonómico asegura que el Concello aún no concluyó el proceso de expropiación de los terrenos necesarios para construir el complejo en Elviña, puesto que todavía no hay una propuesta de realojo para las familias cuyas viviendas deben ser derribadas para permitir la puesta en marcha del proyecto.

El vicerrector de Infraestructuras, Xosé Lois Martínez, expresó la semana pasada en LA OPINIÓN su temor a que la demora en la adjudicación del concurso cause la caducidad de la licencia concedida a la Universidad, cuyo plazo máximo para el inicio de los trabajos es de seis meses. En tan sólo unos días se cumplirán cinco meses desde la aprobación de la licencia, sin que el Rectorado tenga noticias acerca de cuándo se fallará.

Los afectados por el proyecto habían alcanzado un acuerdo con la Xunta el pasado mes de febrero para que los trabajos no comenzasen hasta que los expropiados dispusieran de una nueva residencia, pero el cambio de gobierno al que dieron lugar las elecciones impidió que se materializara.

El nuevo Ejecutivo autonómico entiende que es el Ayuntamiento el organismo que debe hacer frente al realojo de los perjudicados por la iniciativa, ya que aunque el nuevo edificio pertenecerá a la Universidad, la operación urbanística es de carácter municipal, ya que se tramitó mediante un plan parcial.

El Rectorado sabía que la consellería ha analizado ya las ofertas presentadas por las 23 constructoras que acudieron a la convocatoria, pero ignoraba que existieran los problemas con los que Infraestruturas justifica ahora el retraso en la adjudicación del proyecto.

Las expropiaciones de terrenos en la zona de Elviña para la construcción de la residencia universitaria figuraban en el plan parcial del campus, aprobado por la Xunta en diciembre de 2006. La iniciativa afectaba a 68 parcelas que sumaban 44.202 metros cuadrados de superficie.

Siete de los propietarios de terrenos presentaron un recurso judicial contra este proceso al considerar que las cantidades con las que se les indemnizaron eran insuficientes, porque no se les reconocía la titularidad de terrenos incluidos en esta operación, en la que se fijó un precio de 105 euros por cada metro cuadrado expropiado, por lo que las compensaciones alcanzan los 5,6 millones de euros.

El descontento con las propuestas económicas efectuadas por la Administración llevó a los vecinos de la zona a cortar el tráfico en Alfonso Molina, a concentrarse en el lugar de Castro de Elviña durante la conmemoración del bicentenario de la batalla que se desarrolló en la zona en 1809 y a protestar ante el alcalde durante su visita al lugar con el ministro de Cultura en febrero.

Otro de los motivos que la Consellería de Infraestruturas menciona como causa del retraso de la construcción de la residencia universitaria es que aún está pendiente la firma de un convenio con el rectorado en el que se determine cuál será la fórmula de gestión del centro residencial.

El departamento no explica qué influencia puede tener este acuerdo sobre el proceso de construcción del complejo, que además tardará un mínimo de 30 meses en construirse, de acuerdo con las ofertas presentadas por las empresas participantes en el concurso, de forma que Xunta y Universidad todavía tendrían este plazo para establecer la forma en la que se explotará el centro residencial.

La demora en la disponibilidad de esta infraestructura genera una honda preocupación en la Universidad, cuyos responsables insisten en que A Coruña es la única ciudad española cuyo campus no ofrece plazas de alojamiento público, una circunstancia que consideran que limita la capacidad de atracción de los centros docentes, pese a que en la ciudad se imparten algunas titulaciones que no están disponibles en las otras universidades gallegas y que gozan de un gran prestigio académico.

El alto precio de la vivienda en la ciudad y la escasez de la oferta de pisos de alquiler complican aún más el problema para los estudiantes que provienen de otras localidades, ya que deben hacer frente a unas rentas muy elevadas. Esta situación ha derivado en la aparición en los últimos años de hasta un centenar de infraviviendas en el entorno del campus, construidas por propietarios de chalés dentro de sus fincas, en las que ofrecen alojamiento a universitarios a precios inferiores a los del mercado inmobiliario.

La salida a la luz de esta actividad clandestina puso en marcha una inspección por parte del Ayuntamiento y la Agencia Tributaria que culminó con la orden de derribo de algunas de estas construcciones, aunque por el momento no se ha ejecutado ninguna demolición.