El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña envío en junio el caso de la trama eólica a Santiago por entender que es en esta ciudad donde se tienen que investigar los presuntos delitos cometidos por el empresario Luis Castro Valdivia y el ex director xeral de Industria Ramón Ordás Badía. En Santiago creen que el caso debe seguir siendo instruido en la ciudad coruñesa

MARÍA PARDO | A CORUÑA Un juzgado de Santiago de Compostela ha rechazado hacerse cargo de la investigación de la trama eólica. Este juzgado había sido designado para investigar la concesión de parques eólicos y minicentrales hidráulicas a un socio de la familia de Francisco Vázquez después de que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña concluyese que el asunto tenía que ser investigado en la ciudad que alberga la Xunta.


El juez coruñés considera que la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tiene que ser asumida por Santiago, pues es en esta ciudad donde se encuentran las dependencias del Gobierno autonómico y donde trabajaba el ex director xeral de Industria, Enerxía e Minas Ramón Ordás Badía cuando presuntamente cometió un delito de tráfico de influencias.


El magistrado de Santiago, sin embargo, argumenta en un auto enviado al Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña que se opone a investigar el caso porque la mayor parte de las empresas que supuestamente resultaron beneficiadas por Ordás tienen su sede en la ciudad coruñesa, concretamente en el Cantón Grande y en la calle Fama. Como los dos juzgados creen que no les compete instruir la causa, será la Audiencia Provincial la que decida qué magistrado se hará responsable de la investigación. Los jueces que han rechazado el caso deben explicar en un informe sus motivos, que serán estudiados por una de las salas del tribunal provincial.


El Ministerio público comenzó la investigación de la trama energética después de que LA OPINIÓN publicase una serie de informaciones en los que desvelaba los vínculos del empresario Luis Castro Valdivia -cuñado del ex director xeral de Industria- con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, y la mujer y los hijos del ex alcalde y embajador de España en la Santa Sede.


El fiscal José Ramón Piñol consideró después de meses de investigación que existían indicios para acusar a Castro Valdivia y Ordás Badía de un delito de tráfico de influencias por el que ya han prestado declaración. En caso de que se demuestre que las empresas beneficiadas por las licencias lo fueron sin merecerlo, los imputados podrían ser condenados también por prevaricación y cohecho.


El Ministerio público indicaba en el escrito presentado en marzo de 2007 en el juzgado decano de A Coruña que si bien era cierto que el empresario había iniciado sus negocios en el sector energético hacía muchos años, fue desde que su cuñado asumió el cargo de director xeral de Industria, en noviembre de 1999, cuando su actividad empresarial recibió "un fuerte impulso y consolidación".


Según la documentación presentada por la Fiscalía junto a la denuncia, entre las 35 empresas en las que Castro Valdivia tiene responsabilidades se encuentra Hidroeléctrica del Arnoya, una sociedad controlada por la esposa de Francisco Vázquez, María del Carmen de la Iglesia y los dos hijos del ex alcalde. Entre los tres poseen el 50% de las acciones a través de la sociedad patrimonial Iglevaz, nombre que coincide con las primeras sílabas de los apellidos del embajador y su esposa. Esta empresa fue creada por el presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, en 1998 y transmitida cuatro años después a la familia del entonces regidor, cuando Iglevaz ya poseía la mitad de la hidroeléctrica.