N. RODRÍGUEZ | PONTEDEUME Fusquenlla criticó ayer las declaraciones en las que el alcalde de Pontedeume, Gabriel Torrente, asume el compromiso de intentar paralizar los expedientes abiertos por la Xunta para aclarar la situación legal de tres viviendas unifamiliares situadas en la parroquia de Boebre.

La Axencia da Legalidade Urbanística ha pedido al Ayuntamiento informes de los tres chalés supuestamente ilegales, por lo que el regidor eumés se reunió el pasado viernes con los vecinos afectados por la decisión del organismo autonómico e intentó tranquilizarlos manifestándoles que la investigación está en su fase inicial.

Hace dos años, Fusquenlla alertó a la Xunta de que el Concello había concedido permiso para construir ocho chalés en las parroquias de Centroña y Boebre a pesar del informe desfavorable de la secretaria municipal. La funcionaria advirtió entonces de que dada la clasificación del suelo -rústico de protección costera- era necesario que las viviendas estuviesen vinculadas a una explotación agropecuaria.

Según denuncia el colectivo, el aparejador municipal -al que el actual alcalde ha negado la posibilidad de firmar obras mayores- emitió los informes técnicos de los ocho expedientes en tres días, entre el 3 y el 5 de diciembre de 2001, "un año en el que el Ayuntamiento concedió de forma indiscriminada licencias que vulneran tanto la Ley de Protección Costera como la Lei do Solo".

El juez ya ha ordenado demoler algunas de las viviendas construidas en la costa de Pontedeume, en este caso en Nogueirosa, y Fusquenlla considera que puede suceder lo mismo con otras.

"De Nogueirosa a Boebre, pasando por Centroña, hay decenas de viviendas ilegales. Lamentablemente, nuestro Concello seguirá siendo noticia por el desmesurado número de infracciones urbanísticas y las consecuentes sentencias judiciales", destaca el colectivo en un comunicado.