MARCOS OTERO | A CORUÑA La presencia de un representante municipal en la asamblea de vecinos del edificio Conde de Fenosa no se producirá a menos que alguno de los afectados contacte oficialmente con el Consistorio, y que éste decida finalmente enviar a algún delegado a la reunión convocada en un principio para la semana que viene. Hasta el momento, los portavoces municipales afirman que en María Pita no se ha recibido ninguna solicitud en este sentido, por lo que ni siquiera se ha planteado esta posibilidad.

La presidencia de la comunidad, después de reunirse ayer con el administrador del inmueble, acordó exigir al Ayuntamiento que envíe una representación a la asamblea vecinal prevista para debatir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a derribar el edificio al detectarse irregularidades en la licencia de construcción emitida en el año 1997. Pero cualquiera de estas medidas permanecerá paralizada hasta que estos acuerdos se trasladen al Ayuntamiento; a partir de ahí, como indicaron sus portavoces, se "tomarán medidas".

El Consistorio evitó pronunciarse sobre el sentido de su respuesta en caso de que los afectados, finalmente, decidan ponerse en contacto con el Gobierno local. Hasta el momento, y desde que se desveló la decisión del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento ha manifestado que se debe mantener la tranquilidad alrededor de la sentencia de demolición. Algunos incluso, incluido el alcalde, han expresado que la orden del Supremo no llegará a cumplirse. La concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, también recordó el martes que el Consistorio todavía mantiene la posibilidad de un recurso de casación que evite definitivamente el derribo del edifico de la avenida de Finisterre con la calle Fernando Macías. Sus socios de gobierno en María Pita, en lugar de tranquilidad, optaron por apuntar a los responsables de este desenlace, que a su juicio se encuentran en los anteriores gobiernos municipales de la etapa del alcalde Francisco Vázquez.

Y si el Ayuntamiento dice no haber recibido ninguna solicitud por parte de los afectados, estos rechazan pronunciarse sobre la estrategia que utilizarán para intentar conservar sus propiedades hasta la celebración de la citada asamblea.