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RUBÉN GARCÍA / MARCOS OTERO | A CORUÑA El alcalde, Javier Losada, sale en defensa de su antecesor, Francisco Vázquez, y de paso en su propia defensa, pues formaba parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó la licencia de obra del edificio de Fenosa, que ahora ordena derribar el Tribunal Supremo. El regidor coruñés esgrime que el Ayuntamiento actuó "de acuerdo a las leyes", pese a que el fallo judicial ha detectado irregularidades en la tramitación de los permisos. El Bloque responsabilizó el lunes de la polémica al ahora embajador ante la Santa Sede y sus concejales: seis ediles socialistas todavía tienen asiento en el pleno municipal, incluido Losada.
Para el alcalde no hay culpables de la sentencia del inmueble de Fernando Macías que determina demolerlo e incluir en el Registro de la Propiedad que los pisos tienen una orden de derribo. Losada va más allá y, ante las críticas, incluso del BNG, su socio de gobierno, defiende que si de algo es responsable Francisco Vázquez y el PSOE es "de la legalidad de la licencia que se ha dado conforme a derecho". El regidor argumenta que los permisos urbanísticos que se conceden en Junta de Gobierno siempre están acompañados del visto bueno de los técnicos, por lo que considera que no es necesario depurar responsabilidades políticas: "La Junta de Gobierno siempre que lleva a cabo una decisión lo hace con los informes favorables de sus técnicos municipales y con toda la legalidad".
Como cree que es innecesario esclarecer si existen responsables políticos, Losada ya no quiere ni hablar de la comisión de investigación promovida por el PP en el pleno del lunes y que el bipartito torpedeó al desestimar que la moción se debatiese por la vía de urgencia: "No hay nada que investigar porque todo es legal y todo está de acuerdo a las leyes", insiste.
La oposición también reclamó al Gobierno local una "reunión urgente" con los vecinos del edificio de Fenosa para explicarles en qué punto está el problema y si existe alguna solución por la vía legal para evitar el derribo. Según Losada, esta iniciativa del PP tampoco es necesaria porque las puertas de la responsable de Urbanismo, Obdulia Taboadela, están siempre abiertas a los afectados: "La concejal de Urbanismo se reúne con los vecinos cuando ellos lo consideran oportuno, para informarles de todas las medidas del Gobierno municipal que son favorables a la tranquilidad, el sosiego y la total legalidad de los procesos urbanísticos desarrollados", apostilla Losada.
En el pleno del lunes, la portavoz municipal del PSOE, Carmen Marón, también responsabilizó de la sentencia del Tribunal Supremo a la Xunta -en la etapa del PP y de Manuel Fraga- por aprobar el plan general de 1998. Dos días después, el alcalde se limitó a decir que el edificio es legal. Sin embargo, el actual planeamiento urbanístico no permite legalizar el edificio. En 1999, el Ayuntamiento trató de enmendar la licencia de obra concedida en 1997 y otorgar dos permisos parciales para la reforma integral del inmueble de Fernando Macías y el cambio de usos, de oficinas a viviendas. Tampoco la revisión del plan general diseñada por Joan Busquets al amparo del Concello legaliza el edificio, pues establece que la altura máxima, de acuerdo al ancho de la calle, será de cinco plantas; cuando el bloque central de la manzana tiene un bajo, nueve alturas y un bajo cubierta.
La Xunta salió el martes al paso de las acusaciones del Ayuntamiento y desmintió que tuviera cualquier tipo de responsabilidad en la sentencia del edificio Conde de Fenosa: "No entendemos esta salida, la decisión (de conceder los permisos de obra) fue municipal. Las competencias en suelo urbano son únicas y exclusivas del Ayuntamiento", respondieron a la portavoz local del PSOE desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
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