NURIA RODRÍGUEZ | BETANZOS Proveco reclama al Ayuntamiento de Betanzos una indemnización de 532.580 euros por los presuntos daños que le ha causado la paralización de las obras de construcción de una urbanización de medio centenar de viviendas situada entre Cal das Barras y la calle Rollo, en el casco urbano de la localidad.

Según la promotora, la anulación del estudio de detalle del ámbito a urbanizar, así como de la licencia otorgada para su ejecución, y la suspensión de los trabajos de edificación le han generado "daños gravísimos" al no poder vender los pisos y verse obligada a incumplir los plazos de entrega recogidos en los contratos de compra venta. Proveco también alega que tuvo que asumir los intereses generados por préstamos hipotecarios durante la suspensión de las obras.

La empresa ha exigido el pago de la indemnización al Concello, pero la Junta de Gobierno Local ha rechazado su reclamación, por lo que Proveco deberá decidir ahora si recurre o no a la vía judicial para exigir el cobro de los 532.580 euros. El Ayuntamiento sostiene que la comisión de gobierno decidió paralizar las obras a raíz de la publicación de un auto judicial y con el objetivo no de suspender los efectos de la licencia, sino de parar de formar cautelar los trabajos "por no actuar dentro de la buena fe que debe regir en todo tipo de relaciones".

El Ejecutivo municipal destaca que no hay ningún dato que confirme que las obras de la urbanización estuvieran paralizadas durante tres años y cuatro meses, sino que los antecedentes incorporados al expediente urbanístico ponen de manifiesto que los trabajos continuaron pese a los autos judiciales, providencias y otras órdenes de paralización dictadas por la Alcaldía que confirmaban las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). "Los reclamantes, por acción u omisión, ignoraron las decisiones del tribunal", recoge la resolución publicada ayer por el Ayuntamiento de Betanzos en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), de ahí que la Junta de Gobierno Local haya acordado "no reconocer al reclamante el derecho a ser indemnizado".