TANIA SUÁREZ | A CORUÑA La Xunta reconoce que existe un decreto de expropiación de los terrenos situados entre Matogrande y Eirís en los que se iba a construir un parque de oficinas. El Instituto Galego da Vivenda e Solo admite ahora la existencia del documento que el bipartito ocultó a la Justicia durante años y que prueba que los vecinos que iniciaron un proceso judicial contra la Administración fueron expropiados.

Los abogados de los afectados localizaron el informe y lo remitieron a los juzgados. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con el documento en la mano, declaró nulo el procedimiento judicial por el que le daba la razón al Gobierno autonómico. El proceso, por tanto, vuelve a comenzar desde el principio porque la existencia del decreto sobre las expropiaciones lo cambia todo. Los propietarios de los terrenos en los que se iba a construir un parque de oficinas reclaman a la Xunta que los indemnice porque insisten en que fueron expropiados y denuncian que el Gobierno autonómico cambió el uso del suelo. Donde antes se iban a instalar empresas ahora se construirán pisos.

El fiscal especializado en delitos urbanísticos, tal y como informó este diario, abrió una investigación tras detectar indicios de delito en el proceso de expropiación de las parcelas que llevó a cabo la Xunta presidida por Manuel Fraga en 1994. El representante del Ministerio público investiga al Ejecutivo gallego porque durante años aseguró a los jueces que había comprado los terrenos y negó que hubiese un decreto sobre las expropiaciones. La Xunta reconoce ahora la existencia del informe, pero insiste en que no ejecutó las expropiaciones.

La Junta de Gobierno Local aprobó en el año 2007 el plan de urbanización de los terrenos del parque ofimático propuesto por la Xunta. El proyecto tenía un plazo de ejecución de 18 meses. El Instituto Galego da Vivenda e Solo es el que más parcelas posee en la zona. La urbanización, que tiene casi 40 hectáreas, será sufragada por los propietarios de los solares. Los dueños de los terrenos invertirán 56,18 millones de euros en su acondicionamiento para construir viviendas.

Los afectados presentaron su primer recurso ante la Xunta gobernada por el PSOE y el BNG en el año 2005. En el 2007 el Tribunal Superior de Xustiza rechazó que las fincas sean devueltas a sus propietarios, pero en el 2009 el Tribunal Superior anuló todo el proceso porque los abogados de los afectados le remitieron el decreto de las expropiaciones. Los perjudicados presentarán estos días sus demandas contra el Instituto Galego da Vivenda e Solo. El procedimiento vuelve a empezar.