La empresa concesionaria del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos de A Coruña y el área metropolitana se defiende de la denuncia presentada por el Ayuntamiento, y que corroboraron los inspectores de la Xunta, por cuatro obras que se ejecutaron sin autorización: la caseta para controlar el acceso; un movimiento de tierras y un depósito de 6.440 metros cuadrados; su cierre perimetral, y una nave para el tratamiento de basura que infringe la legislación gallega al estar a menos de 200 metros de la costa. La empresa defiende que las obras son legales, aunque matiza que, en el caso de la última nave, esta no se encuentra dentro del recinto

RUBÉN GARCÍA | A CORUÑA Como si de un expediente X se tratase. El Gobierno gallego notificó a Albada, responsable de la gestión de la planta de reciclaje de basura de Nostián, un expediente para reponer la legalidad urbanística en cuatro obras ejecutadas sin autorización, tal y como informó LA OPINIÓN. La concesionaria defiende que todos los proyectos cumplen con los requisitos legales, todos, menos uno; una nave de tratamiento de basura que, según la empresa, "no forma parte de la instalación". Albada tuvo que defenderse de las acusaciones de la Xunta, que abrió una investigación tras una denuncia del Ayuntamiento, que en público siempre ha apostado por la compañía.

El servicio provincial de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística inspeccionó las instalaciones de Nostián el 27 de febrero, dos días antes de las elecciones gallegas. En el informe posterior del 10 de marzo, con el bipartito en funciones, los técnicos advirtieron de que se había construido, sin licencia autonómica y municipal, la caseta de control para acceder a la planta; una nave para el tratamiento de basura de 1.000 metros cuadrados; ejecutado un movimiento de tierras y un depósito de residuos de 6.440 metros cuadrados; y un muro de hormigón de 90 metros de longitud que rodea dicho depósito y que alcanza los 15 metros en su punto más alto.

Los inspectores ordenaron en mayo a la empresa la reposición de la legalidad, es decir, que las zonas afectadas volviesen a su estado anterior. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística concretó que las obras no se ajustaban a las directrices del actual plan general, vigente desde 1998 y pendiente de revisión, y de la Lei de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Albada aprovechó el plazo de alegaciones concedido por la Xunta para responder al expediente y defender su inocencia.

La empresa adjunta en su informe una resolución de la entonces de la Consellería de Política Territorial (PSOE) del mes de abril, después de la inspección a la planta, en la que da permiso para el depósito de rechazos, que ya está construido, se ha utilizado y sólo está pendiente del sellado. Albada entiende que con este permiso se autoriza el movimiento de tierras, el depósito de rechazos y el muro de hormigón.

El Gobierno gallego denunció que la caseta de control de acceso a la planta se asienta en "suelo rústico común" y "en la servidumbre de protección de costas", de acuerdo al planeamiento general, y que vulnera la normativa gallega al ubicarse a menos de 200 metros del mar. Albada esgrime que la caseta sí se ajusta a la legislación: el plan municipal califica el suelo como "rústico de protección de infraestructuras" y no necesita autorización de la Xunta porque la estructura es desmontable y ocupa una superficie inferior a 50 metros cuadrados. "Se colocó ahí, y ahí está desde antes del año 2000, por la geometría del acceso y por razones de seguridad al acudir a la instalación camiones de gran tonelaje".

Las irregularidades detectadas por los inspectores para la caseta se extienden a la nave, el primer edificio después de pasar el control de acceso. En este caso, Albada se lava las manos: "En cuanto a la construcción de una nave con cerramiento a dos aguas, con unas dimensiones aproximadas en planta de 50 por 20 metros y una altura de 10 metros es de destacar que esta instalación no forma parte de la instalación denominada planta de tratamiento de residuos urbanos".

La concesionaria del servicio de tratamiento de basuras confía en que, con estas alegaciones, incluidas las relativas a la nave que dice que no es suya, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística archive el caso.