ANTARES PÉREZ | ARTEIXO El pleno debatirá mañana una subida en la tasa reguladora por la retirada de vehículos de la vía pública y el depósito de los mismos. Este incremento, correspondiente al índice de Precios al Consumo (IPC), un 1,4%, se llevará a cabo sin que el Concello haya solventado las irregularidades que rodean al servicio de grúa, que deposita los coches retirados de la vía pública en una nave que carece de licencia de actividad.

El depósito ocupa una de las naves del polígono industrial de Suevos, un parque empresarial sobre el que se cierne la amenaza de derribo por vulnerar la ley de costas. El Superior ordenó el pasado año la demolición parcial de las obras ejecutadas en el polígono, un fallo que ha sido recurrido por los afectados y por el propio Ayuntamiento y que está pendiente de una resolución del Supremo.

Las naves disponen de licencia de obra y de primera ocupación, pero carecen de permiso de actividad, una autorización que no depende exclusivamente del Concello, sino que requiere también el visto bueno de la Administración autonómica. La concesionaria de la grúa solicitó esta licencia antes de llevar allí los coches, ya en el 2005, pero todavía no le ha sido concedida.

Las críticas que suscitó entre la oposición y los propios usuarios la situación irregular del servicio, llevó a la alcaldesa, Pilar Souto, a sopesar la posibilidad de rescatar su concesión. Esta opción, propuesta en 2006 por el BNG, "es, en opinión de la regidora local, "muy difícil de llevar a cabo". Pilar Souto llamó la atención sobre el coste económico de adoptar esta medida. "Los más probable es que nos veríamos obligados a indemnizar a la compañía", explicó.

El incremento de la tasa no ha sido bien recibida entre los grupos de la oposición. PP y BNG admiten la necesidad de respetar las subidas del IPC, pero lamentan que se produzca sin que se hayan llevado a cabo mejoras en el servicio. La portavoz del BNG, Silvia Seixas, recordó que el pliego de condiciones que rige el contrato obliga a la empresa a disponer de un recinto cerrado dentro del municipio o en otro punto a menos de cinco kilómetros de Arteixo. Este local, según se señala en las bases de la concesión, debe ser apto para el depósito, extremo que se incumple al carecer de licencia de actividad.

Seixas indicó además que el contrato implica la creación de una comisión de seguimiento del servicio formada por el jefe de la Policía Local, el concejal de Obras y el responsable del área de Seguridad Ciudadana. En el último pleno en el que se debatió el asunto, la portavoz nacionalista aseguró no tener constancia de que se hubiese reunido esta comisión.

El PP coincide con el BNG. Su portavoz, Roberto García, recordó que la alcaldesa denunció las irregularidades en el servicio de grúa durante su etapa en la oposición. "Llevan dos años y todavía no han hecho nada para solucionar los problemas", criticó el edil, que recordó que la regidora se comprometió a principios de la legislatura a exigir a la empresa que buscase otro lugar para el depósito.