ANA BLASCO CULLEREDO El comité de empresa de la planta cullerdense de Bunge sostiene que la multinacional está aprovechando "la excusa" del derribo del silo para iniciar el desmantelamiento de la aceitera. Aseguran que están desarmando maquinaria que no está relacionada con el almacén de hormigón de 45 metros de altura que alberga tres toneladas de soja en combustión desde hace meses.

Denuncian que el material de última tecnología del laboratorio, adquirido a través de una subvención de la Xunta, ya ha sido enviado a Barcelona y aseveran que han marcado maquinaria para trasladar a las otras plantas españolas de Bunge. "Ellos dicen que está obsoleta, pero se llevan las máquinas a otras fábricas", critica el delegado de la CIG Ángel Herrero.

Además, apuntan que las obras de demolición se están realizando sin las preceptivas medidas de seguridad. "Como nuestras calderas quedaron fuera de servicio, trajeron una portátil y hubo una explosión bastante grande por acumulación de gases", señala Herrero.

Las centrales sindicales exigen a la empresa que paralice lo que consideran un "desmantelamiento clandestino" de la planta hasta que se resuelva el juicio celebrado el pasado día 17 de septiembre. "Estas obras dejan sin efectividad la sentencia que pueda dictar la juez", opina Paulo Carril, de la CIG.

Los delegados laborales censuran a su vez la actitud de la Xunta ante este "atropello a la legalidad". José Luis Díaz, de CCOO, recuerda que hace un mes se reunieron con la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, que se comprometió a abordar el caso como un tema personal y a reunirse con "las altas esferas de la empresa". Tras una semana sin noticias, los trabajadores se pusieron en contacto con la Consellería, donde les dijeron que el tema estaba delegado en el director xeral de Traballo, Odilo Martiñá. En una reunión en Barcelona, la empresa les confirmó que no habían recibido ninguna llamada de la Administración autonómica. Denuncian la "pasividad, incompetencia y complicidad con la empresa" con la que está actuando la Xunta.