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MARTA VILLAR OLEIROS
Los asesores jurídicos de la Xunta analizan en detalle en estos momentos el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Oleiros, su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) y las modificaciones urbanísticas realizadas con el fin de comprobar la legalidad de la aprobación y su vigencia. Así lo confirmaron ayer fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que manifestaron que este departamento "está pendiente" de recibir próximamente el informe de los abogados para tomar una resolución.
Todos los grupos políticos de la Corporación han dejado de realizar especulaciones sobre la legalidad del PXOM hace semanas porque están a la espera de conocer el informe de los letrados de la Xunta.
La Consellería manifestó el pasado 1 de julio sus dudas sobre el plan general de Oleiros porque el anterior gobierno de la Xunta lo publicó en el DOGA el 17 de abril de este año y once días después lo volvió a publicar por una supuesta "corrección de errores" pero en realidad lo que se hizo fue eliminar una página en la que se advertía sobre el exceso de viviendas.
También se eliminó algo más importante a efectos urbanísticos, un párrafo que decía que en cinco sectores de suelo delimitado no podían desarrollarse mediante planes de sectorización nuevos sectores de suelo urbanizable no delimitado (SUND) mientras no se desarrollasen los sectores de suelo delimitado (SUD).
Tras la corrección de errores desapareció este criterio por lo que actualmente se pueden desarrollar ámbitos de suelo urbanizable no delimitado aunque estén pendientes de desarrollar ámbitos de suelo delimitado.
La modificación más importante efectuada en el PXOM de Oleiros no obstante se refiere a la calificación del suelo del sector residencial-deportivo del campo de golf de Dorneda, pues el cambio afecta a la mayor actuación urbanística del municipio tanto por su impacto medioambiental como económico. Este suelo cambió de calificación el sector del campo de golf hasta tres veces en dos años. La Xunta del bipartito aprobó su clasificación como suelo urbanizable cuando hace dos años aseguraba que debía ser rústico.
Todos los grupos municipales han ofrecido charlas o ruedas de prensa a finales del pasado mes de agosto después de que comenzasen los rumores sobre una posible anulación del PXOM, después de que la Consellería confirmase que lo estaba analizando. Así lo anunció en la orden del 1 de julio en la que reiteró la paralización de los suelos urbanos por considerar que el Concello no había aportado pruebas de esta calificación.
Anular el plan urbano oleirense, no obstante, no es un proceso fácil ni rápido y requiere muy buenas razones.
Un Plan Xeral de Ordenación Municipal sólo se puede anular por dos motivos: como consecuencia de una sentencia judicial firme; o por parte de la propia Administración, la Xunta, mediante su revisión en vía administrativa. Si los letrados de la Xunta consideran que el PXOM es nulo de pleno derecho, la Consellería debe solicitar un informe previo al Consello Consultivo de Galicia. Si este organismo considera que la disposición efectivamente es nula de pleno derecho, la Xunta puede anular el plan. Un caso parecido ocurrió hace unos años en Arteixo. La Consellería de Política Territorial, dirigida entonces por el ahora presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aprobó una revisión de oficio de las normas subsidiarias de planeamiento del Ayuntamiento de Arteixo para legalizar la iglesia construida en zona verde pero luego la propia Administración autonómica incoó la revisión de oficio de aquella aprobación y el Consello Consultivo de Galicia emitió un informe favorable a declarar la nulidad de la orden de aprobación de la revisión. No obstante, tras revisar el plan general urbano la Consellería también puede considerar que su aprobación es anulable, es decir, no nula de pleno derecho pero sí anulable porque infringe alguna disposición legal. En este segundo caso el Gobierno gallego debería declarar el PXOM lesivo para el interés público mediante la presentación de la correspondiente demanda judicial de lesividad. En cualquier caso la Xunta tiene que ofrecer detalladas explicaciones al Consello Consultivo de Galicia sobre los motivos por los que considera que el planeamiento urbanístico es nulo de pleno derecho o anulable.
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