ANTARES PÉREZ | ARTEIXO El juez concede un año de plazo al Concello de Arteixo para regenerar la zona degradada por el vertedero de Monticaño, ilegalizado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2008. El Juzgado de Instrucción número tres de A Coruña ha dictado un auto en el que establece como fecha límite para la restauración de la zona el 30 de noviembre de 2010.

El magistrado da, además, un plazo de cuarenta días a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para que emita su conformidad o no con el plan de restauración redactado por la empresa Cespa -antigua Coacón-, que obtuvo en los años 1998 y 2002 permisos municipales para gestionar la escombrera.

Un parque sobre amianto

La empresa y el Ayuntamiento esperan obtener el visto bueno de la Xunta para proceder al sellado del vertedero en lugar de retirar los residuos y tal y como ordenaba en TSXG. La compañía funda su solicitud en el riesgo que entraña la manipulación de los elementos peligrosos depositados en la escombrera, especialmente el amianto.

El plan de restauración redactado por Cespa advierte de que este material se encuentra depositado en embalajes cerrados e incluso mezclado con los residuos no peligrosos. La labor de sellado que propone la empresa haría necesario un aporte de tierras que oscila entre los 58.468 y los 68.538 metros cúbicos, según informe emitido por la Concejalía de Medio Ambiente.

Una vez finalizada la fase de sellado, la empresa y el Concello proyectan integrar la escombrera en el parque forestal de Monticaño. Su intención es regenerar la zona a través de la construcción de "un gran área de ocio".

La actuación proyectada por Cespa cuenta con el beneplácito del Concello. El departamento municipal de Medio Ambiente considera "prácticamente inviable" restituir a su estado anterior la zona degradada por la escombrera.

La sentencia dictada por el Superior puso fin a años de pleitos. La compañía dedicada a la gestión de residuos industriales, interpuso en 2004 una denuncia contra el Ayuntamiento y Coacón al considerar que las licencias municipales que ampararon la creación del vertedero incumplían la normativa urbanística. La sentencia del TSXG, que dio la razón a Xiloga, llevó a Cespa a reclamar vía judicial 38 millones de euros al Concello en compensación a los perjuicios derivados de la paralización del vertedero. De aceptarse su reclamación, el Ayuntamiento debería abonar a la empresa la cuantía correspondiente a dos ejercicios presupuestarios. El Gobierno local confía en que la Xunta dé luz verde al plan de regeneración presentado por la empresa, con lo que se reduciría considerablemente el coste de una indemnización que, de prosperar, llevaría a la quiebra al Concello.