El alcalde se guardó dos golpes de efecto para remachar el nuevo pleno del topónimo. Además de reservarse el segundo, y último, turno de palabra que correspondía al grupo municipal socialista, Javier Losada hizo leer al secretario general del pleno el informe que él mismo había encargado a la asesoría jurídica del Ayuntamiento sobre las connotaciones legales de la propuesta del Partido Popular.
En un gesto inusual en los plenos municipales de A Coruña, los concejales, antes de votar, escucharon el dictamen firmado por el responsable de los servicios jurídicos, que concluía que "los ayuntamientos, legalmente, no tienen atribuidas competencias para instar la iniciativa legislativa". O lo que es igual, el proceso para reformar una ley, como demandaba el PP en el caso de la de normalización lingüística, no puede nacer de un ayuntamiento, sino que esta potestad corresponde a la Xunta, a los grupos con presencia en el Parlamento gallego o a una iniciativa popular avalada por, al menos, la rúbrica de 15.000 ciudadanos.
Los argumentos esgrimidos en el dictamen jurídico que el alcalde había ordenado elaborar no motivaron dudas ni cambios en el PSOE, el PP y el BNG, que, en el momento de la votación, reafirmaron la posición que habían fijado en el debate previo. Javier Losada no buscaba, según dijo, alterar la postura defendida por cada formación política. Su objetivo, explicó antes de la lectura realizada por el secretario general, consistía en que el informe permitiera "a los miembros de la Corporación tener claro cuáles son las competencias del pleno y así garantizar que los votos que se emitan se ajusten al ordenamiento legal".
Ningún miembro de la Corporación se pronunció sobre este dictamen. El alcalde, en cambio, incluyó esos argumentos legales en la carta que remitió al presidente de la Xunta nada más concluir el pleno municipal.
