Dos años y ocho meses de cárcel reclama el Ministerio público para una mujer acusada de pegar a su hija. El fiscal entiende que la madre es culpable de un delito de lesiones y otro contra la integridad moral. Seis meses después de una de las agresiones que acabó con la menor en un centro médico, un juez le prohibió a la acusada que se aproximase a su hija o que se pusiese en contacto con ella. La Audiencia modificó esta medida en enero de este año y permitió que la mujer viese a la menor, pero en presencia de terceras personas

MARÍA PARDO | A CORUÑA Una mujer se sentará el lunes de la semana que viene en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 por haber presuntamente agredido a su hija, que en el momento de los hechos tenía diez años. El fiscal acusa a la mujer de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones por los que pide que sea condenada a dos años y ocho meses de prisión. Reclama además el representante del Ministerio público que la acusada no pueda aproximarse a su hija ni comunicarse con ella por un periodo de seis años, el mismo tiempo que propone que le sea retirada la patria potestad.

Según el relato de hechos que defiende la Fiscalía, la mujer sometió a su hija a un trato degradante, llegando a golpearla en distintas ocasiones con objetos como las libretas del colegio, las zapatillas de casa o un cinturón, lo que provocó en la niña una situación de miedo y angustia que llegó a menoscabar su integridad física y moral. Esta situación fue detectada tanto por el entorno educativo de la menor como por parte de otros familiares. El fiscal acusa a la madre de haber agredido a la menor con un cinturón de charol con hebilla metálica en abril del año pasado. La golpeó en dos ocasiones provocándole heridas en los brazos, las piernas y la espalda. La niña tuvo que recibir asistencia médica y le han quedado cicatrices en los hombros, aunque son muy tenues, según los informes de los médicos forenses.

Las agresiones sucedieron en el domicilio familiar, situado en la calle Barcelona. Seis meses después de esta paliza, un juez acordó prohibir a la acusada que se acercase a su hija, aunque en enero de este año la Audiencia modificó esta medida y le permitió verla, aunque siempre en presencia de terceras personas. El fiscal reclama también que la acusada indemnice a su hija -cuya tutela fue asumida por la Xunta- en 1.500 euros por los daños morales que le causó.