MARÍA PARDO | A CORUÑA
La fiscal jefe de la provincia de A Coruña ha decidido archivar la denuncia presentada por los servicios jurídicos del Concello contra el presidente de la asociación de vecinos de El Ensanche, Gerardo Crespo. El Ayuntamiento acusó al representante de la entidad vecinal de haber cometido un "posible delito de injurias graves contra las Fuerzas de Seguridad" por haber insinuado que existía una "connivencia entre la Policía Local y la delincuencia orquestada desde el Gobierno municipal".
La fiscal jefe, Esther Fernández García, entiende que Crespo hizo estas manifestaciones dentro de su derecho a la libertad de expresión. Contra quien sí ha decidido proceder la Fiscalía provincial es contra los dueños de los after hours que originaron el conflicto entre la Policía Local y los vecinos.
El Ministerio público ha denunciado por un delito de desobediencia a los propietarios de los locales La Sala y Saqqara, a quienes acusa de incumplir la orden municipal de paralización de actividad. La denuncia contra estos establecimientos fue presentada la semana pasada. A pesar del archivo decretado por la Fiscalía, el Concello tiene ahora la posibilidad de denunciar a Crespo ante los tribunales. Los vecinos de El Ensanche se mostraron descontentos con el trabajo desarrollado por los agentes municipales en relación al horario de apertura de dos locales situados en la calle Pintor Joaquín Vaamonde, que a pesar de tener licencias para funcionar como cafeterías abrían hasta altas horas de la madrugada.
"La Policía Local ha perdido los papeles y, en vez de velar por el orden y la seguridad, defiende los intereses de los dueños de los after. Los municipales parecen los dueños de los locales. No sólo avisan antes de que lleguen las patrullas, sino que les dan tiempo para que apaguen la música", afirmó el presidente de los vecinos en una noticia publicada por LA OPINIÓN el 16 de junio de este año.
Para la fiscal jefe, las palabras pronunciadas por Crespo pueden entenderse como "un cruce de manifestaciones con claras discrepancias en las formas de acometer un problema entre las fuerzas políticas de la ciudad y los vecinos afectados". Sostiene Esther Fernández que el representante vecinal "nunca imputó un delito ni empleó expresión difamatoria contra persona alguna, sino que criticó un actuación".
Para la fiscal jefe no se aprecia en las palabras de Crespo intención de lesionar el honor y la dignidad de una persona, ya que en su opinión el acusado no pronunció "expresiones descalificatorias ni comentarios ofensivos hacia la Policía Local de A Coruña, ya que los comentarios efectuados en ningún caso desbordan los límites del derecho constitucional a la libertad de expresión y de opinión".
Recuerda además la responsable de la Fiscalía Provincial que "quienes tienen atribuido el ejercicio de funciones públicas están sometidos al escrutinio de los ciudadanos".
