El Superior cita al Ayuntamiento por el edificio de Hacienda que ordenó derribar

El tribunal debe determinar si los afectados por las obras en el inmueble municipal declarado ilegal pueden recibir indemnizaciones por la anulación de la sentencia de demolición

 
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MARCOS OTERO | A CORUÑA El Ayuntamiento y las comunidades de vecinos de los edificios número 16 de la calle Franja y 17 de la calle Florida deberán comparecer el próximo jueves día 5 de noviembre en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para resolver el conflicto iniciado entre las partes en 1993 por la construcción del edificio de recaudación municipal. La vista deberá servir para que las dos partes expongan sus posturas acerca del último punto de litigio abierto entre ambas: el referente a las indemnizaciones que exigen los propietarios de los inmuebles contiguos al edificio de Hacienda por los perjuicios que les ocasionó la rehabilitación de la propiedad municipal, objeto de una sentencia de derribo en 1998 del TSXG, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, a causa de las irregularidades cometidas con la tramitación de la licencia urbanística.

Anulada posteriormente esta decisión con un auto de inejecutabilidad de sentencia, en el año 2002 el Supremo sustituyó la orden de demolición por una cantidad compensatoria a acordar entre las partes y que derivó al TSXG.

Ahora, siete años después, los propietarios de los números 16 y 17 de las calles Franja y Florida, respectivamente, solicitan que el Ayuntamiento les abone 130.597,92 euros en concepto de indemnización. El Consistorio, por el contrario, se niega a abonar tal cantidad y argumenta que la obra del edificio de Hacienda incluso benefició a los inmuebles de los demandantes.

La cantidad que exigen los afectados y que se resiste a pagar el Ayuntamiento ya fue reducida desde los 1,6 millones de euros que solicitaban los demandantes tras la anulación de la sentencia de derribo, al considerar la Justicia que tan sólo deberían ser compensados por el periodo de tiempo en el que el edificio poseía la categoría de ilegal. Hay que recordar, con respecto a este matiz jurídico, que el Gobierno local entonces encabezado por el ex alcalde Francisco Vázquez, después de la sentencia que declaraba irregulares las obras en el edificio de Hacienda por incumplir el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), convocó un pleno extraordinario para legalizar la situación del inmueble. Es por ello que las pretensiones económicas de los vecinos se ven reducidas sustancialmente con respecto a lo inicialmente solicitado.

El Tribunal Supremo, a raíz de esta legalización del inmueble que en su momento ordenó derribar el TSXG porque el Ayuntamiento se había autoconcedido una licencia que excedía la ocupación máxima y la edificabilidad permitida en esta zona de la ciudad, reconoce el derecho de los denunciantes a ser compensados económicamente por la irregularidad cometida por el Gobierno local. De confirmarse la indemnización que el Consistorio se niega a entregar, sería la segunda ocasión en la que se compensa a los vecinos afectados. La primera fue en el año 2000, cuando las arcas municipales ya se vieron forzadas a sufragar los daños causados en las viviendas de los demandantes como consecuencia de las obras en el edificio de Hacienda.

Los trabajos entre los años 1993 y 1995 provocaron grietas en los inmuebles e incluso ocasionaron que el número 16 de la calle Franja se desplazara cuatro centímetros. La causa estuvo en los explosivos empleados en el sótano durante la reforma de la propiedad municipal que actualmente ocupan las oficinas de Hacienda y el servicio de recaudación, con entrada para el público tanto por la calle Franja como por la paralela cercana a la plaza del Humor, en la calle Florida.

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