ANA RODRÍGUEZ | A CORUÑA
En España hay unas 344.000 disposiciones de obligado cumplimiento. Toda una "diarrea legislativa", que diría el ex alcalde y veterano abogado José Manuel Liaño Flores. Con ellas trabajan cada día los 2.600 profesionales inscritos en el Colegio Provincial de Abogados de A Coruña. Son los sucesores de los treinta letrados que, hace un cuarto de milenio, fundaron el organismo colegial, la institución civil más antigua de la ciudad, que inició esta semana los actos de conmemoración de su aniversario.
A Coruña ilustrada. La ciudad se desperezaba en el alba de su edad dorada, a punto de convertirse en la gran urbe comercial y burguesa del XVIII. Sólo cuatro años después del nacimiento del colegio, Carlos III creaba los Correos Marítimos de la Indias. El puerto coruñés sería el único autorizado para el transporte de efectos postales con las colonias americanas. Y con las cartas, iban y volvían mercancías y esclavos. La navegación y el comercio libre catapultaría a la ciudad y a su desarrollo empresarial, comercial, social y cultural.
Aquella ciudad superó por primera vez los diez mil habitantes. Y el censo foráneo también crecía, con negociantes llegados de otras partes de España, Europa y del otro lado del océano. En ese favorable humus se desarrolló el colegio, desde que el mismo borbón le diese el visto bueno a sus estatutos en el palacio del Pardo. La fundación fue autorizada en primera instancia en 1760 por el marqués de Croix, gobernador, capitán general del Reino de Galicia y presidente de la Real Audiencia, en cuyo honor se construyeron los jardines de San Carlos y que acabaría siendo virrey de la Nueva España.
Por aquel entonces, ser abogado y pertenecer al colegio exigía cierta "pureza de sangre", según explicó el ex decano de la entidad, César Torres Díaz, en la presentación de un gran volumen sobre los primeros 250 años de vida de la agrupación profesional de letrados de la provincia, realizado por el historiador Santiago Daviña. Para comprobar tales requisitos, sólo hay que leer el artículo XVII esos primeros estatutos, conservados como oro en paño en la sede del colegio, en una primera edición encuadernada en piel que pasa por ser el objeto más valioso y antiguo de sus oficinas en Federico Tapia.
Exigían a los aspirantes "ser de buena vida y costumbres, hijos legítimos o naturales de padres conocidos y no bastardos ni espurios". Tanto los "pretendientes" como sus padres y abuelos paternos y maternos tenían que ser y haber sido siempre "cristianos viejos". "Limpios de toda mala infección o raza, y sin nota alguna de moros, judíos ni recién convertidos a nuestra santa fe católica", añadía la tolerante cláusula. Tampoco podrían haber tenido, ni ellos ni sus padres, un oficio "vil".
Y no era tan fácil demostrarlo. Los letrados fundadores establecieron que, para entrar en su selecto club profesional, los aspirantes tendrían que llevar a doce personas, también cristianas, que acreditasen cada una de las cláusulas anteriores a través de un test tipo de cinco preguntas. Tras el exigente casting y una vez admitidos, los abogados debían regalar como dote un libro de su elección al Colegio de Señores Abogados de la Real Audiencia de A Coruña, que así se denominó el organismo, séptimo de España.
Jurar por la pureza de la Virgen
El primerísimo de los artículos de aquellos estatutos de 1760, obligaba a los letrados a jurar que defenderían por siempre la pureza de la Virgen María. ¿A qué viene tal religiosa cláusula? A sus orígenes. El colegio de abogados no es, ni de lejos, el primer colectivo coruñés que agrupa a la profesión. El historiador Santiago Daviña argumenta, para empezar, que si en 1480 los Reyes Católicos instauraron la Real Audiencia en la ciudad, la presencia de letrados en aquellas fechas es indiscutible. Además, está acreditada la existencia de una asociación que revestía forma de cofradía.
Ya en el siglo XIII, el rey Sabio determinaba que los abogados españoles tendrían condición de caballeros. Se reconocía pues la importancia social de la profesión. Para mantenerla o acrecentarla, prosigue Daviña, tenían costumbre de agruparse en congregaciones.
La agrupación piadosa de A Coruña tenía por nombre Cofradía de la Real Audiencia de Galicia, también conocida como Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción. A ella pertenecían, no sólo letrados, sino de toda la variedad de gremios de la Real Audiencia.
Siglos más tarde, en 1752, el gran Catastro de Ensenada, un gran censo de habitantes encargado por Fernando VI, contaba en la ciudad de A Coruña un total de 32 abogados, aunque cuatro de ellos no ejercían. Algunos de ellos participarían en la fundación del colegio menos una década después. El más joven de ellos tenía 25 años y el mayor, 76. La media de ingresos era de 2.641 reales al año.
Al contrario de lo que se puede creer, y sin contar el potente patrimonio personal de la mayoría, no eran los profesionales mejor pagados: un médico ganaba 6.000 reales al año; un cirujano, 2.000; y un boticario, unos 10.000.
Aún así, con lo que percibían a final de mes, les llegaba de sobra para la cesta de la compra, según los precios que el mismo catastro recoge de los mercados coruñeses de la época: un pollo o una buena merluza valía un real, una docena de huevos costaba un cuarto de real y un millar de sardinas frescas estaba tasado en cinco reales y medio.
El letrado con un salario mayor era Pasqual Francisco Vázquez, que, además de compartir nombre con el embajador ante la Santa Sede, era el abogado municipal. Aunque por ese cargo, sólo percibía 85 reales, sumaba en otros conceptos un total de 12.100 reales al año.
Le seguía en ganancias Diego Cornide y Saavedra, que estaba ya en la cincuentena y que tenía un hijo ya entrado en los 18, de nombre José Cornide, que se convertiría en el ilustre historiador y polígrafo, primer gran estudioso de la Torre de Hércules. A partir de sus conclusiones, Gianinni realizaría la primera rehabilitación de un monumento español planteada con criterios científicos.
Don Diego sería el primer decano del colegio de abogados coruñeses, acompañado por una treintena de compañeros que aprobaron una serie de normas de comportamiento tales como la obligación de los abogados de llevar siempre "modestas" vestiduras. "Obediencia y modestia" serían otras de las cualidades recomendadas a los asociados.
De su pasado como cofradía religiosa conservaban también, en otro de los epígrafes, el rito funerario que se le debía ofrecer a un abogado muerto: qué miembros del colegio debían transportar el féretro y la ayuda que se debía prestar a huérfanos y viudas para costear el enterramiento y para apoyarles económicamente o en los pleitos que se le presentasen de forma gratuita.
Turno de pobres
En el artículo XXX se regulaba un primitivo montepío o seguridad social, según explica Daviña. En él se ordenaba que si un letrado enfermase o fuese preso, se diese noticia al decano para que dispusiese "que fuese visitado, favorecido y patrocinado en su negocio". También con la actualidad conecta la regulación, ya en aquel 1760, de los llamados "abogados de los pobres", algo similar al turno de oficio actual. Se nombraban el mismo día que la junta directiva y el equipo estaba formado por dos letrados antiguos y dos modernos. El decano repartía los pleitos, alternando entre los cuatro abogados, elegidos durante un año.
Todos los colegiados tenían que participar de este cometido. Así se decidía en sus encuentros, que tenían lugar en las sucesivas sedes colegiales. Cuando todavía eran cofradía, los escenarios eran la iglesia de Santiago o en la colegiata de Santa María del Campo, en la Ciudad Vieja.
En siglos posteriores, cuando todavía el número de letrados era escaso, los encuentros eran en las casas de la directiva del organismo. Tuvieron un hueco en Capitanía General y, a partir de la década de los treinta, en el Palacio de Justicia, justo frente a la actual sede, en Federico Tapia.
