POR ALFONSO VILLAGÓMEZ CEBRIÁN
Los ciudadanos asistimos a una cascada de informaciones sobre casos de corrupción política y administrativa que parece inagotable. Cada día, a través de las páginas de los periódicos tenemos puntuales noticias de los avatares procesales de sumarios de indudable relevancia e interés público.
Un interés que se justifica en que los que aparecen son personas directamente vinculadas a partidos políticos y administraciones públicas de distintas partes de la geografía española, en los últimos días, Valencia, Madrid, Palma de Mallorca, Santa Coloma y Castro de Rey.
Tras estos episodios nacionales algunos vemos con gran preocupación cómo se están pervirtiendo los tiempos y las formas de la Justicia. Y es que la instrucción judicial se ha convertido en el espacio donde se ventilan, al mismo tiempo, la supuesta inocencia de los ciudadanos y las pruebas del proceso judicial. La opinión pública toma así conocimiento directo de conversaciones telefónicas, anotaciones en agendas privadas y de datos fiscales o bancarios que se detallan con total precisión en las páginas de los periódicos.
Los medios de comunicación suministran las fotografías e imágenes de personas que todavía son presuntamente inocentes, que detenidas y esposadas son arrastradas entre una multitud que exige y reclama a pleno grito la aplicación de la vieja "Ley de Linch" del lejano oeste, es decir, la ley del linchamiento. Atónitos, los lectores asistimos como espectadores impasibles al lamentable espectáculo de la inversión de valores constitucionales y del absoluto desprecio por la presunción de inocencia. Continuamente se da por hecho que el imputado es culpable y de manera implícita se hace llamamiento al juez para que se comporte como héroe y agente ejemplificador. La sociedad reclama el castigo hoy por lo hecho ayer y al juez instructor se le exige que se lo imponga. Ya no hay espacio racional para la inocencia. El juicio oral es un horizonte lejano y disfuncional ¿Por qué esperar a que un tribunal con todas las garantías de defensa decida que alguien es culpable si todos sabemos y hemos comprobado en la prensa que lo es desde hace muchos meses?
La gran mayoría de países de nuestro entorno -con el respaldo explícito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- han previsto rigurosas reglas que limitan la inmersión mediática en el proceso de instrucción cuando se pone en peligro la presunción de inocencia. Y lo han hecho, precisamente, para garantizar los valores que deben regir en una sociedad democrática avanzada.
Confiar en que un tribunal independiente e imparcial, después de un proceso justo y equitativo, es el único que tiene la legitimidad para privar a un ciudadano de su libertad era el sueño de Beccaria. Y lo triste es que siga siendo un sueño, 245 años después, cuando, en un estado constitucional, debería ser una realidad.
Inmersos en este panorama, a algunos lectores todavía nos resulta estremecedor leer las transcripciones de intervenciones telefónicas declaradas secretas, las cartas donde se vuelcan sentimientos e intimidades o los datos clínicos del inculpado y fotos o imágenes de personas esposadas. Nos resulta escandaloso que cada día ciudadanos inocentes estén sometidos a la pesadilla Kafkiana de un proceso (mediático) perpetuo, a la acusación sin defensa y a que día tras día, su presunción de inocencia se ignore de forma deliberada. Todo vale, todos deben cumplir el papel asignado, todo lo exige el nuevo tempo de la Justicia? o quizás el de los medios...
Pero en esta utopía que vivimos de acceso inmediato a la verdad, es muy lógico que sea objeto de escándalo el hecho de que un juez de instrucción no ordene la prisión provisional del culpable, de ese tan culpable del que se habla continuamente en los medios de comunicación. Y así, la prisión provisional, que está concebida como una medida excepcional para cuya adopción deben de darse determinados requisitos, se presenta como el castigo, el justo castigo ya socialmente decidido Por ello, es de justicia hacer pública la solidaridad con los compañeros jueces Solaz, San José, Garzón y Pedreira y también principalmente, con todos los que cada día y de manera anónima trabajan en sus juzgados y tribunales.
Quizás, ya no debamos los lectores sorprendernos por el hecho de que se suscite el debate público cuando en un caso de relevancia mediática un juez no envía a alguien a prisión provisional, sino que podríamos consolarnos viendo que son estas decisiones jurisdiccionales, que parecen ir a contracorriente de las opiniones mayoritarias de la sociedad, las que permiten visualizar de manera mucho más evidente la importante función constitucional del juez como garante de los derechos y las libertades.
Sin embargo, el derecho de información tiene unos límites como son, entre otros, al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas, y que no debemos de olvidar. Los jueces deben de ponderar el innegable derecho a una información veraz de los ciudadanos con los derechos fundamentales de los implicados en un procedimiento judicial y garantizar el derecho de toda persona a un juicio justo. Sin esta ponderación el ciudadano será menos ciudadano y el juez será menos juez.
El papel que debe ocupar el juez en el ejercicio del derecho a la información por parte de los medios de comunicación, y el cómo, cuándo y en qué circunstancias se puede salir del espacio estrictamente jurisdiccional y actuar con transparencia informativa, siguen constituyendo problemas de relevancia constitucional que necesitan de tratamiento y de reflexión permanente. En mi opinión, no sería la mejor manera de abordar este problema acudir al régimen disciplinario del juez; lo que por el contrario, creo que empobrecería de forma irreversible esta conjugación de derechos, haciéndola simplemente inabordable e incompatible.
Es el Consejo General del Poder Judicial el que debe de impulsar este debate sobre la información en el proceso en foros de reflexión como las VI Jornadas Nacionales de Justicia y Comunicación que este año tendrán lugar en Galicia, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a finales de este mes de noviembre en las ciudades de Santiago y A Coruña, donde se trabajará para encontrar un sistema que permita a la Justicia informar a la opinión pública bajo un principio de transparencia sin que se vean vulnerados los derechos de las personas. Como una casa de cristal en un mundo de derechos.
En cualquier caso, no sólo el juez tiene la obligación de conjugar los derechos en conflicto, los medios de comunicación de no contribuir a los juicios paralelos, y el Consejo General del Poder Judicial debe tratar de establecer un sistema adecuado de información y transparencia sino que, también es responsabilidad y compromiso de los ciudadanos reflexionar y no caer en la fácil conclusión de culpabilizar a quién, en principio, únicamente está imputado en un procedimiento, y así, reclamar el imperio de los valores constitucionales de esta sociedad democrática.
