MARÍA PARDO | A CORUÑA
La Fiscalía Provincial de A Coruña ha solicitado a funcionarios y fiscales que le remitan, de forma urgente, información sobre las causas abiertas a funcionarios públicos y les pide que, si es posible, especifiquen a qué partido político pertenecen los investigados.
El escrito enviado por la fiscal coordinadora de A Coruña, Esther Fernández, ha provocado perplejidad entre sus compañeros que no entienden cómo les puede pedir que se haga constar el partido político al que pertenece un funcionario al que se esté o se haya investigado, una información que, en la mayor parte de las denuncias, ni siquiera aparece en los expedientes y que forma parte del ámbito privado de los empleados públicos.
La petición de Esther Fernández, quien no quiso hacer ningún comentario sobre la circular por entender que se trata de un asunto interno de la Fiscalía, está motivada por una orden que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha hecho llegar a las fiscalías de los tribunales superiores de las comunidades autónomas, que a su vez han derivado la petición a las fiscalías provinciales.
La solicitud de información de Conde-Pumpido viene motivada por su próxima comparecencia en el Congreso a petición del Partido Popular para explicar la eliminación de unas intervenciones telefónicas realizadas al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps", en el sumario del caso Gürtel. En esa solicitud Conde-Pumpido solicita información sobre los cargos públicos imputados, pero no sobre la militancia política de los funcionarios implicados en casos de corrupción.
Los populares acusaron al fiscal general de "no buscar la verdad y lograr la Justicia, sino atacar al PP y defender los intereses del PSOE". Según ha podido saber LA OPINIÓN, para rebatir las tesis del Partido Popular, Conde-Pumpido quiere ofrecer en su intervención datos sobre el número de causas abiertas por determinados delitos cometidos por cargos públicos. Con el objetivo de demostrar que no beneficia a ninguna formación ha reclamado también que se le informe sobre el partido político al que pertenecen los investigados. La fiscal jefe de A Coruña envió un escrito firmado el 30 de octubre a sus colegas de Ferrol y Santiago para que le enviasen información sobre causas abiertas por prevaricación, abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos, cohechos, tráficos de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internaciones, que se corresponden con todos los capítulos del título XIX del Código Penal, en el que se recogen los delitos contra la Administración.
Lo habitual cuando un particular presenta una denuncia es que ni siquiera sepa el nombre del cargo público acusado. La fiscal jefe de A Coruña insiste en que, en cualquier caso, la formación política a la que pertenece el sospechoso por corrupción "no se tiene en cuenta a efectos de nada".
