MARCOS OTERO / PABLO LÓPEZ | A CORUÑA
La oposición interna a la consulta ciudadana sobre el topónimo que promueve la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y Área Metropolitana aumenta a medida que transcurren los días. Si el martes, cuando la dirección de la federación anunció su intención de iniciar una campaña de recogida de firmas en favor de la cooficialidad en gallego y castellano del nombre de la ciudad eran cinco las asociaciones contrarias a la consulta, ayer se unieron otras seis. A la oposición de las entidades de Monte Alto, Os Rosales, Agra do Orzán, Os Castros y San Pedro de Visma se sumaron la de Bens, O Portiño, la Ciudad Vieja, Mesoiro y Vío, Elviña-Castro y As Xubias, lo que eleva a once la cifra de agrupaciones opuestas a la iniciativa de la federación.
Once de entre la treintena de asociaciones adscritas al órgano que las reúne en la ciudad. El resto secunda la consulta planteada por la federación, en unos casos basándose en el clima favorable que a su juicio existe en la ciudad y en otros en la potestad de la federación para cuestionar a los vecinos sobre una cuestión que les afecta.
Pero los opositores responden que ni está en las competencias de una asociación vecinal promover este tipo de consultas, ni supone un problema de especial relevancia, ni mucho menos se encuentra entre las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. Y además, protestan, nadie desde la federación les informó con anterioridad sobre la posibilidad de celebrar la consulta entre los vecinos. Independientemente de lo que a cada asociación representada en la federación le pueda parecer, viene a decir la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja, Rosa Quiroga, lo más conveniente habría sido consultarlo previamente con todos los asociados. O, en su defecto, informar cuando menos. Con la decisión ya tomada, Rosa Quiroga se sitúa entre los que consideran que "la misión" de la federación no es la de recoger rúbricas ciudadanas dirigidas a lograr la modificación de una ley de carácter autonómico. Porque, aunque el fin último sea conseguir que tanto la forma castellana como gallega del topónimo sean oficiales, las firmas van encaminadas a cambiar la Ley de Normalización Lingüística del año 1983. "La Ley de Normalización Lingüística apuesta claramente por la forma oficial gallega de los topónimos de Galicia. Esta ley fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia para poner fin a la persecución de los topónimos gallegos, muchas veces castellanizados de forma inculta", replicó ayer la asociación de vecinos de Elviña-Castro en un comunicado.
Las críticas de esta entidad fueron más allá y apuntaron directamente a la presidenta de la federación de asociaciones de vecinos, Luisa Varela, a la que acusan de ser la principal impulsora de la iniciativa. Al igual que otras de las asociaciones opuestas a la campaña para la recogida de firmas en favor de la L en el topónimo, la asociación de Elviña-Castro observa que la decisión de la iniciativa corresponde de manera "personal y unilateral" a su presidenta. El objetivo, de acuerdo a esta entidad, es "lavarle la cara al grupo municipal del PSOE que votó en contra del topónimo La Coruña".
Las asociaciones partidarias de la consulta rechazan cualquier tipo de propósito oculto en la campaña que pretenden desarrollar en la ciudad y que arrancará esta misma mañana en Santiago de Compostela con la solicitud al Parlamento gallego del permiso necesario para poder reunir las firmas y que éstas tengan posteriormente consideración legal. La directiva de la federación niega del mismo modo que no se informara a todas las entidades asociadas; bien fuera por correo convencional o electrónico, se comunicó a todas las agrupaciones la decisión adoptada.
Los opositores, en cambio, reprochan a la junta directiva de la federación de asociaciones de vecinos que no haya tenido la misma sensibilidad por otros asuntos que afectan a la ciudad.
