MARÍA PARDO | A CORUÑA
La Fiscalía de Menores de la provincia de A Coruña ha detectado un importante aumento de las denuncias contra jóvenes por violencia en el ámbito familiar. El año pasado, el Ministerio público incoó 25 expedientes contra personas que todavía no habían cumplido los 18 años por haber pegado a sus padres o a sus parejas. En lo que va de año, el número de denuncias presentadas supera ya las treinta. Para el coordinador de la Fiscalía de Menores, Carlos Mariscal de Gante, las agresiones están provocadas por la dificultad que tienen algunos menores para acatar normas y la falta de autoridad de los padres.
Desde que comenzó 2009, el Juzgado de Menores ha impuesto medidas cautelares a quince jóvenes, nueve de ellos por asuntos relacionados con la violencia familiar, lo que supone que más de la mitad de los casos graves que llegan a la Fiscalía están relacionados con el maltrato a padres o novias.
De las nueve medidas cautelares tomadas por el Juzgado de Menores, cinco de ellas son internamientos. Tres jóvenes fueron ingresados en lo que va de año en el centro Monte Cid de Ourense, el único terapéutico que existe en Galicia. En estos casos, el equipo técnico de la Fiscalía concluyó que el origen de su comportamiento violento estaba en la enfermedad que padecían. A todos ellos les fue diagnosticado un trastorno psíquico que provocaba que pegasen a sus padres, quienes se veían incapaces de controlarlos.
Los otros dos internamientos fueron para menores de edad sin ningún trastorno que pegaban a sus progenitores. Lo habitual en estos casos es que las familias aguanten los malos tratos durante tiempo, hasta que pierden la paciencia al verse incapaces de reeducar a sus hijos y acaban denunciándolos. El Juzgado de Menores decretó para estos jóvenes un internamiento en un centro de régimen semiabierto, lo que significa que pueden seguir acudiendo a su centro escolar o salir a determinadas horas del día.
Una de las nueve medidas cautelares adoptadas es una libertad vigilada. El menor convive con los abuelos maternos, pero puede tener contacto con sus padres. El joven está controlado por el equipo técnico de la Fiscalía, a quien ve con frecuencia para confirmar que su evolución está siendo positiva. Tiene que cumplir con una serie de compromisos, como no delinquir y no tener un comportamiento violento con sus abuelos.
Al final del periodo de prueba y de someterse a sesiones de terapia familiar, los psicólogos elaboran un informe que es remitido al Juzgado para que anule, si lo considera conveniente, la medida cautelar adoptada. El Juzgado de Menores ha dictado también tres órdenes de alejamiento. Una de ellas es contra un joven al que se le ha prohibido acercarse a sus padres. En estos casos, los técnicos tratan de que el presunto culpable se traslade a casa de algún pariente y, en caso de que no puedan ser acogidos por nadie, se les interna en un centro de protección de la Xunta.
Dentro de los alejamientos se han registrado este año dos órdenes contra adolescentes por pegar a sus novias. Carlos Mariscal entiende que los malos tratos deben ser considerados como delitos de violencia de género, a pesar de que ser cometidos por menores de edad.
La Audiencia de Cantabria ha absuelto de un delito de violencia de género a un joven que amenazó y persiguió a su ex novia para que volviera con él, porque considera que un "enamoramiento propio de adolescentes", "sin proyecto de futuro", no puede equipararse a la relación de pareja que exige el Código Penal. El propio Gobierno cántabro afirmó ayer que fallos judiciales como éste "echan por tierra las acciones de sensibilización y envían un mensaje de impunidad al agresor".
También habló de la sentencia el Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien se mostró "muy sorprendido" y denunció que estas decisiones "influyen negativamente" en la política contra esta lacra.
El coordinador de la Fiscalía de Menores reclama más medios para poder reeducar a los jóvenes que maltratan a sus padres y que tienen que ser alejados de ellos. Denuncia Mariscal que en ocasiones, cuando no hay familia dispuesta a hacerse cargo de los menores, tienen que ser internados en un centro, cuando lo ideal sería su traslado a un piso tutelado donde puedan adquirir las normas necesarias para vivir en familia de una forma normal.
Estos grupos educativos son una medida prevista en la Ley de Menor, pero se trata de un recurso que no existe en Galicia y que está especialmente indicado para el tratamiento de jóvenes conflictivos. En otras comunidades, los adolescentes adquieren en ellos unas normas que les permiten regresar con sus familias.
