A la vista de la forma en la que el Gobierno efectuó la venta de la Empresa Nacional Santa Bárbara, el Tribunal de Cuentas advierte de que las privatizaciones de las compañías públicas "deberían realizarse en el modo preciso para que las actuaciones y compromisos mediante los que se lleva a cabo finalmente la compraventa se ajusten rigurosamente a lo autorizado por el Consejo de Ministros". El organismo considera "conveniente" que no se modifiquen las condiciones fijadas por el Gobierno tras una negociación con el comprador seleccionado entre los que se hubieran mostrado interés por la adquisición. También reclama el tribunal que, una vez firmada la venta, no se autoricen nuevos pactos que modifiquen los acuerdos iniciales.
La compra de las 9 fábricas de armas de Santa Bárbara tuvo un coste de sólo 5 millones de euros para General Dynamics. En la fijación de este precio influyó que en los dos años previos a la operación el grupo sumó pérdidas de 125.000 millones de pesetas y que el Estado tuvo que aportarle 180.000 millones, mientras que la plantilla se redujo a la mitad y se quedó en 2.022 trabajadores.
Pero la inclusión de todo el capital de la empresa Fábrica de Armas de La Coruña SA en la venta motivó "un incremento en el coste de la operación", según el Tribunal de Cuentas, que detalla que esa situación se repite con la incorporación al proceso de otra firma del grupo, Febesa, así como con el compromiso de Defensa de adquirir a la multinacional estadounidense munición por valor de 180 millones de euros. Otros factores que modificaron el precio fueron la entrega por el Estado de 11,7 millones de euros para proteger la tecnología del programa de fabricación de los carros de combate Leopard, así como de otros 25,6 millones de euros para inversiones, cuando el acuerdo inicial era de 18.
